El presidente español, Pedro Sánchez, encabezó un encuentro de funcionarios para establecer el estado de alarma que otorga poderes extraordinarios al gobierno nacional, incluyendo la capacidad de restringir de forma temporal los derechos fundamentales garantizados en la Constitución
La segunda ola de la pandemia de coronavirus en Europa cobró fuerza en las últimas horas cuando varios de los países que estuvieron entre los más afectados a principios de año volvieron a mostrar altas cifras de contagio que encendieron la alerta entre los gobiernos, que se disponen a tomar cartas en el asunto para contener el brote y evitar las altas cifras del invierno pasado en el hemisferio norte.
En este marco, hoy el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, encabezó un encuentro de funcionarios para preparar el nuevo plan con el objetivo de frenar el auge de contagios: el estado de alarma anunciado hoy otorga poderes extraordinarios al gobierno nacional, incluyendo la capacidad de restringir de forma temporal los derechos fundamentales garantizados en la Constitución, como la libertad de movimiento. Si bien por el momento solo regirá por quince días, la intención del gobierno es que se extienda hasta el 9 de mayo en tanto «en el texto del decreto ya se incluye la necesidad de prorrogarlo en el Congreso por un periodo largo».
Es la cuarta vez en toda la democracia española que se recurre a esta herramienta prevista en la Constitución, y tres de ellas han sido en 2020 –contando el estado de alarma que se declaró únicamente sobre la Comunidad de Madrid–. No implica confinamiento domiciliario ni mando único del Ministerio de Sanidad como el del 14 de marzo, pero sí restricciones a la movilidad nocturna y una cobertura legal para las comunidades que necesiten cierres perimetrales de su territorio. Esto es lo que han decidido el presidente y los ministros.