La justicia española absolvió este lunes al único acusado en el primer caso sobre «bebés robados» juzgado en España, el doctor retirado Eduardo Vela, al considerar que los delitos que se le imputaron, de los que es responsable, están prescriptos.
El médico, de 85 años, estaba acusado de detención ilegal, suposición de parto y falsedad en documento oficial en relación con el robo de Inés Madrigal, quien recién nacida fue sustraída de sus padres biológicos en el sanatorio San Ramón de Madrid, en el verano de 1969.
Vela, para el que la Fiscalía pedía 11 años de prisión, negó durante el juicio haber entregado a la niña a un matrimonio estéril como deferencia a un jesuita.
No obstante, el fallo de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid asegura que el doctor es «autor» de los tres delitos por los que se sentó en el banquillo «tras quedar probado de forma incontestable en el juicio», informó en un comunicado el Tribunal Superior.
De acuerdo con los jueces, el ginecólogo – y director del centro médico – actuó «fuera de los cauces legales, simulando la existencia de un parto que no se había producido y estableciendo una filiación falaz».
A pesar de ello, el tribunal no lo condena al señalar como fecha de inicio de la prescripción de los delitos el momento en el que la denunciante alcanzó la mayoría de edad, el 4 de junio de 1987.
«El plazo de prescripción señalado por la ley para el delito más grave, el de detención ilegal, es de diez años, a la fecha de la presentación de la denuncia, abril de 2012, los delitos denunciados estaban prescritos», de acuerdo con la legislación española, señala el fallo.
«Estamos ante un hito a nivel europeo, a nivel mundial (…) se reconoce que hubo robo, que me arrebataron a mi madre, aunque esté lo de la prescripción», dijo Madrigal en declaraciones a la prensa tras conocer la sentencia.
La víctima aseguró que tuvo conocimiento de la supuesta existencia de la red de sustracción de menores recién en 2010, por que anunció que apelará ante el Tribunal Supremo.
«Hay que remarcar que (los jueces) consideran probado que se entregó a una niña con una filiación falsa», sostuvo por su parte el abogado de la asociación SOS Bebés Robados, Guillermo Peña, convencido de que podrá ganar en el Supremo.
Inés Madrigal es el primera víctima del caso de «bebés robados» en llegar a juicio. Desconoce quienes son sus padres biológicos, pero logró llevar a los tribunales al responsable de su apropiación. Cuando cumplió los 18 años, quien creía que era su madre, Inés Pérez, le confesó que era adoptada y que en el proceso había intervenido un cura que conocía del convento, que era amigo del doctor Vela.
De acuerdo con el relato de la víctima, la mujer desconocía la existencia de la red de robo de bebés, ya que le dijeron que la madre biológica era una mujer casada que había tenido una «aventura».
Al igual que en otras dictaduras, el robo de bebés fue una práctica empleada por el franquismo.
Miles de niños de madres vencidas en la guerra civil (1936-1939)fueron entregados a instituciones públicas o religiosas, así como a otras familias. Mujeres embarazadas fueron fusiladas después de dar a luz y sus hijos se convirtieron en «botín de guerra». El objetivo fue político, reeducar a los hijos de los vencidos en la ideología de los represores.
Pero lo singular en España fue que la trama institucional de apropiación surgida de la represión franquista se extendió hasta finales de los años 80, convirtiéndose en un negocio rentable en el que estaban implicados médicos, enfermeras, curas y monjas, y que habría afectado a unas 30.000 personas, según estimaciones de las asociaciones de víctimas.
En enero de 2011 se presentó la primera querella criminal conjunta en España por más de 200 casos de niños robados. Tres años después, las denuncias eran ya 4.000 pero el 80% habían sido archivadas.
Por otro lado, los familiares de víctimas de la época de la dictadura se sumaron en el año 2014 a la querella por los crímenes franquistas abierta en Argentina en aplicación del principio de Justicia universal.