La causa Escuela de Yoga se inició en 2022 a raíz de la denuncia del hijo de una presunta víctima de trata de personas
El juez federal Ariel Lijo rechazó un planteo de «nulidad» formulado por la defensa de Juan Percowicz, el principal imputado en la investigación de la causa conocida como Escuela de Yoga.
La defensa de Percowicz pidió la nulidad de una serie de medidas de prueba solicitadas por los fiscales Carlos Stornelli y Alejandra Mangano, llamados a declaración testimonial y el peritaje sobre elementos electrónicos secuestrados en tres allanamientos.
Argumentaron que la Cámara Federal, en diciembre del año pasado al anular parcialmente un tramo de la causa (y mejorar sustancialmente la situación de los acusados) impedía al juez «seguir produciendo prueba».
Además, indicaron que «la instrucción ya había sido clausurada y el Ministerio Público Fiscal había formulado el requerimiento de elevación a juicio, por lo cual el caso parecía cerrado y concluido. Sin perjuicio de ello, se pretendía seguir produciendo prueba sobre una generalidad de cuestiones diversas y sin objeto procesal ni norte».
«El planteo realizado por la defensa no resulta procedente, ya que no se ha violado ninguna garantía constitucional y se ha cumplido con todos los requisitos establecidos por la ley», respondió el juez Lijo, candidato a la Corte Suprema por propuesta del actual Gobierno.
«No logran demostrar un perjuicio real y concreto, ni que el acto les haya causado un perjuicio de imposible reparación ulterior. No se explicitó concretamente el perjuicio generado, más allá del ensayo basado en afirmaciones dogmáticas desprovistas de las constancias de la causa, sin referirse a cuestiones propias del proceso penal en general», insistió.
La causa Escuela de Yoga se inició en 2022 a raíz de la denuncia del hijo de una presunta víctima de trata de personas, Pablo Salum, quien dijo que su madre y sus hermanos fueron captados por lo que él denomina como una «secta».
No obstante, los familiares de Salum lo desmintieron en el expediente con sus propias declaraciones e incluso videos grabados.
Los fiscales imputaron a 19 acusados los delitos de «asociación ilícita, lavado de activos y trata de personas» y, a lo largo de la acusación, concluyeron que la explotación sexual de una veintena de mujeres era la principal fuente de ingreso de la organización.
Las supuestas víctimas de esa explotación sexual negaron esos hechos, afirmaron que siempre fueron libres de adoptar sus propias decisiones.