Cecilia Marogna había recibido dinero del cardenal Becciu para formar una red de diplomacia paralela en la Santa Sede. Fue detenida en Milán
La italiana Cecilia Marogna, acusada de haber malversado 500.000 euros que el investigado cardenal Angelo Becciu le había otorgado para supuestamente formar una red de diplomacia paralela en la Santa Sede, fue arrestada este martes en Milán tras ser denunciada a Interpol por la justicia vaticana.
Los diarios Repubblica, Corriere y La Stampa informan en sus ediciones web que Marogna, de 39 años, fue arrestada esta noche en Milán por la Guardia di Finanza (la policía fiscal italiana) tras una orden de captura internacional emitida por los investigadores del Vaticano, que han activado a la Interpol luego del aval del papa Francisco a la investigación.
Marogna se hizo conocida la semana pasada en medio de la causa que busca determinar posibles operaciones fraudulentas por parte de Becciu, ex «número 3» del Vaticano, y a quien el Papa removió a mediados de septiembre de su cargo de prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos y despojó de los derechos de cardenal como medida preventiva de la investigación.
Según la prensa, mientras fuera sustituto de la Secretaria de Estado entre 2011 y 2018, Becciu entregó entre 500.000 y 600.000 euros a Marogna, titular de una empresa con sede en Eslovenia y experta en seguridad y relaciones internacionales, para iniciar un red de diplomacia paralela en el Vaticano.
Sin embargo, según la investigación de la justicia vaticana, Marogna se dedicó a comprar carteras, zapatos, cosméticos y accesorios de marcas de lujo, lo que derivó en la acusación por malversación por la que fue detenida hoy.
Marogna planteó en una entrevista con el diario Corriere della Sera que ofreció en 2015 a Becciu crear una «red diplomacia paralela en los países del norte de África y Oriente Medio».
El arresto de Marogna se da luego de que Becciu fuera retirado de su cargo el 24 de septiembre tras una investigación por una inversión inmobiliaria, la compra de un edificio en Londres, que produjo un agujero de 400 millones en las cuentas vaticanas.
Por otro lado, también está en la mira de los fiscales de la Santa Sede el manejo que hizo el aún cardenal de una serie de fondos para caridad y que habrían terminado en la cooperativa Spes, cuyo propietario y representante legal es su hermano Tonino.