Dirigentes y entidades rurales cuestionaron el fallo del Tribunal de Justicia de Entre Ríos y presionan al gobierno de esa esa provincia para que apele a la Corte Suprema.
El fallo de la Justicia pone un límite de 1000 metros terrestres y 3000 aéreos para fumigaciones cercanas a escuelas rurales y las prohíbe en horario escolar. La Mesa de Enlace provincial tildó a éste de tener «prejuicios ideológicos que en pleno siglo XXI debieran estar perimidos».
En ese sentido, Elvio Guía, vicepresidente de la Federación Agraria, expresó: “Es más fácil reubicar las escuelas que cambiar la producción. Reubicar a tres alumnos, que encima vienen del pueblo, porque que los lleva la maestra para no perder su trabajo», y agregó: . «Me parece que la discusión puede ser muy grande, puede ser muy larga, pero lo que sé que si es el cuento del huevo y la gallina, la escuela no estuvo antes que el campo».
Las desacertadas declaraciones de Guía fueron respaldadas en un comunicado conjunto de la Federación Agraria, la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), la Sociedad Rural Argentina y la Federación de Cooperativas (Fedeco).
«Este fallo, sin respaldo ni criterio técnico alguno, imposibilita la producción en más de 300 mil hectáreas y se trata, sin dudas, de un nuevo golpe asestado al corazón de los productores», atacaron los ruralistas para presionar al gobierno entrerriano.
En diálogo con LT14 Radio Nacional, el fiscal de Estado de la provincia de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, dijo: “Tengo mis dudas de que haya una violación de la Constitución, pero soy respetuoso de la sentencia judicial».
La sentencia mantiene vigente lo determinado por la sala II Civil y Comercial de Paraná, que dictaminó la nulidad parcial del decreto 4407/18 firmado el 14 de diciembre de 2018, pero publicado el 2 de enero de 2019. El decreto había modificado las distancias para fumigar y establecía que de manera terrestre podía hacerse hasta cien metros del edificio y de forma aérea, a 500 metros de distancia de una escuela rural.
Rodríguez Signes consideró que el Poder Ejecutivo entrerriano puede «interponer un recurso extraordinario para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expida, pero es un camino lento». Por esto, anticipó que promoverá que se rehaga el decreto, pero «que supere las críticas, y deje de lado las distancias, que no sea la única variable y se haga hincapié también en los sistemas de control».
Por su parte, el gobernador Gustavo Bordet (PJ) parece no estar de acuerdo con los ruralistas de llevar la discusión hasta la Corte Suprema. «Dejando de lado el tema de la apelación, creo que hay que ir en busca de una norma que genere consensos en la provincia, una norma que nos haga superar la antinomia y las posiciones extremas, que proteja a los chicos en las escuelas, pero que garantice el proceso productivo y que cuide la salud de los vecinos».
Aldana Sasia, abogada del Foro Ecologista de Paraná, expresó: “Hoy, que se condena a Monsanto por ocultar los efectos del glifosato, el productor que dice utilizar esos venenos porque son inocuos ni siquiera lee las noticias o las leen y pretenden ocultarlas, lo que es más grave”.
Por su parte, el bioquímico Daniel Verzeñassi, también del Foro Ambiental de Paraná, destacó en Radio Máxima de Entre Ríos, la decisión judicial de mantener las distancias para las fumigaciones respecto de las escuelas provinciales. “Estamos en los comienzos de una recuperación territorial, ya que este esquema de producción con venenos ha degradado la tierra. Gualeguaychú es un ejemplo para el resto de la provincia”, y agregó: “La decisión de la Justicia es una ratificación que entendíamos que no podía ser de otra manera, porque desde la provincia se viene insistiendo desde hace tiempo en adscribirse a un modelo de producción que progresivamente va perdiendo vigencia a partir de los resultados, sobre todo en la salud no solo de los territorios sino fundamentalmente de las poblaciones”.