Un joven fue declarado por la Justicia penalmente responsable de haber sido autor de llamadas con amenazas de bombas en una escuela del municipio bonaerense de Tres de Febrero. El adolescente tendrá que cumplir junto a sus padres con distintas obligaciones durante un año hasta que se realice una nueva audiencia para determinar la pena.
El fallo fue emitido por el titular del Juzgado de Responsabilidad Juvenil número 2 de San Martín, Ramón Bogado Tula, en el marco de un juicio sin precedentes que se realizó en ese fuero y en el que el distrito de Tres de Febrero se presentó como particular damnificado.
El magistrado se basó en el Artículo 211 del Código Penal que hace referencia al «delito de intimidación pública».
En primera instancia, el adolescente, que en el momento de las amenazas tenía 16 años y en la actualidad 18, deberá seguir un tratamiento tutelar durante un año hasta que se realice una nueva audiencia donde se determinará la pena que podría ir de 2 a 6 años. Por la vía civil, correrá la sentencia relacionada con el daño económico para resarcir a la Municipalidad por los recursos estatales que conllevan los protocolos que se pusieron en marcha en estas situaciones.
El fallo incluye una serie de obligaciones que tiene que cumplir el joven como concurrir al Centro Socio Comunitario Departamental con frecuencia y modalidad que los profesionales establezcan, continuar con la escolarización y con la actividad laboral junto a su padre, seguir un tratamiento psicológico y asistir en forma quincenal ante la sede judicial.
Asimismo, tiene que presentarse en talleres, en la Dependencia de Explosivos de San Martín y en una entrevista con el sistema 911 para comprender cabalmente la labor de estos organismos ante hechos de emergencia y las consecuencias negativas que generan estas falsas amenazas.
«El fallo nos llama a reflexionar, a aprender y tiene un sentido pedagógico. Plantea algunas cuestiones que tienen como objetivo que el joven comprenda lo que está en juego, los recursos estatales que se mueven y lo que sucede en el estado cuando hay una amenaza de este tipo», remarcó el intendente de ese distrito, Diego Valenzuela.
La investigación había sido realizada por el Ministerio Público Fiscal, que realizó allanamientos y determinó que el joven estuvo involucrado en un hecho que ocurrió en agosto de 2017 en una escuela de Ciudad Jardín.
Durante el juicio, declararon autoridades de la institución educativa, personal policial, miembros de la Brigada Antibombas de San Martín y funcionarios de las carteras de Seguridad, Educación y Legal y Técnica de la Municipalidad.