CLG dialogó con una de las referentes que detalló el trabajo que la Asociación Civil lleva a cabo desde sus inicios para abordar la problemática
Desde hace cinco años, «Miradas» trabaja para ampliar los horizontes y profundizar la problemática de las drogas y su complejidad, articulando acciones de formación y debate con la ciudadanía comprometida e interesada en la cuestión.
Surge como Asociación Civil en 2016, a partir de la convocatoria de ciudadanos de diversos sectores que desempeñan distintas tareas sociales, según lo indicó Mónica Lenoci, una de sus referentes, quien dialogó en profundidad con CLG. «No somos una Asociación de asistencia, sino de promoción y prevención», aclaró y explicó que la misma funciona junto a otras instituciones sociales en «Impulso Para Mejorar», ubicado en Pellegrini 540.
Lenoci hizo un análisis general del tema: «Consideramos que la problemática de la droga es social y se encuentra en un proceso de intensificación y complejización de diversos fenómenos como la persistencia de la pobreza estructural, la desigualdad y los cambios en las lógicas de convivencia y sociabilidad del territorio. Agravado por la presencia de las economías delictivas, como ordenadoras de las economías familiares en los sectores más afectados por la crisis vigente. Por lo que obliga a pensar en el diseño y la implementación de políticas públicas sociales integrales e integradas territorialmente, que promuevan el reconocimiento y el ejercicio de los derechos, la participación ciudadana, el fortalecimiento de lazos e inclusión social. Estas políticas exigen crecientes esfuerzos de articulación, coordinación intersectorial y desarrollo de las capacidades de gestión en todos los niveles.»
Asimismo, habló de la función y el objetivo que tiene «Miradas» en ese contexto y detalló las actividades que llevan a cabo para lograrlo: «Desde nuestros inicios como Asociación Civil, hemos programado diversos espacios de debate y reflexión, cursos, charlas y seminarios, con diversos profesionales de la temática, nacionales e internacionales para ir delineando una nueva política que ponga en el centro del debate no a la sustancia sino a la persona y su circunstancia en las que se debe intervenir para mejorar su calidad de vida basándonos en los derechos humanos«.
Por otra parte, se refirió al impacto de la pandemia: «Es una época en que se vio expuesta la salud mental de todos a diversas presiones y especialistas en la materia están advirtiendo sobre las consecuencias del encierro y del aumento de los consumos de diversas sustancias legales e ilegales que afectan a la salud»
No obstante, destacó que durante dicho periodo la virtualidad les permitió seguir realizando (aunque en menor medida) charlas y seminarios, y planificando reuniones de comisión virtual propuestas de cursos con la UNR y otros organismos gubernamentales.
Al ser consultada por un caso de gran repercusión mediática vinculado a la cuestión, como es el caso del músico Chano Charpentier, opinó: «El caso expone la falta de compromiso y accionar del estado en todos sus niveles en el tema de los comportamientos adictivos, por eso es tan importante poder capacitar a integrantes no solo del sistema de salud para atender en las guardias de los hospitales en momentos de crisis, en lugares de tratamientos integrales como se mencionó anteriormente; sino también a la institución policial, judicial y a los comunicadores para que el tema se trate en profundidad y reformar políticas más adecuadas pensando en las personas.»
En este sentido, aseguró que todo eso sería posible si se reglamentara la ley 26.934, a partir de la cual se creó el Plan IACOP con el objetivo de prevenir los consumos problemáticos desde un abordaje intersectorial a través de la acción directa del Estado, como también de asegurar la asistencia sanitaria integral gratuita, integrar y amparar socialmente a aquellas personas que tuvieran algún consumo problemático. «La sanción de dicha ley significó un cambio de perspectiva en el tratamiento de los consumos problemáticos al crear un programa basado en los principios de prevención, asistencia e integración, significando el paso de un paradigma represivo a uno en el que a las personas se les respeta el derecho a la salud», agregó.
Finalmente, destacó que están trabajando a través de distintos medios por el cambio en la ley de drogas 23.737, «ya que en fallos relevantes como el fallo Arriola y fallo Bazterrica, la Corte dispuso por unanimidad: Exhortar a todos los poderes públicos a asegurar una política de estado contra el tráfico ilícito de estupefacientes y a adoptar medidas de salud preventivas, con información y educación disuasiva del consumo, enfocada sobre todo en los grupos más vulnerables, especialmente los menores, a fin de dar adecuado cumplimiento a los tratados internacionales de derechos humanos suscriptos por el país”. De esta manera al no modificar la ley se mantiene el castigo de la tenencia para consumo personal en vez de reemplazarlo por tratamientos, asistencia integral y cursos de prevención, tal como se detalla en la ley 26.934 que aún no está reglamentada.