El ex gobernador bonaerense y actual diputado nacional Daniel Scioli declaró hoy «no» haber recibido «nunca dádivas de ninguna persona», al defenderse, a través de un escrito que presentó en su indagatoria ante la Justicia, de las imputaciones en su contra por presuntos hechos de corrupción en la construcción de nueve Unidades de Pronta Atención (UPA) durante su gestión.
Scioli realizó la presentación en la Fiscalía Nº 11 de La Plata, a cargo de Álvaro Garganta, en el marco de la indagatoria en una causa que investiga irregularidades en la construcción de nueve centros de atención UPA, por los que se pagaron 189 millones de pesos.
«Nunca he recibido dádivas de ninguna persona», aseveró el ex mandatario provincial en el escrito que entregó esta mañana y con el que se defendió de los cargos formulados en su contra en este expediente.
En este sentido, subrayó que «todas las contrataciones» realizadas durante su gestión fueron realizadas «en el marco de la normativa vigente, con el aval y la conformidad de todos los organismos de la Constitución y la posterior aprobación por parte del Tribunal de Cuentas, quienes confirmaron su regularidad».
El contenido de la declaración de Scioli -que se limitó al escrito, dado que no expuso en forma oral ni respondió preguntas- fue difundido luego a través de un comunicado de prensa, en el que se consignó que el mandatario provincial negó que se haya «alterado» el procedimiento administrativo del Ministerio de Salud para la provisión de las UPAs en procura de «beneficiar a un proveedor determinado».
Scioli está acusado de los delitos de negociación incompatible con el ejercicio de la función pública en concurso con tráfico de influencias e incumplimiento de los deberes del funcionario público.
Garganta investiga si en la gestión de Scioli se benefició con contratos de obra pública a la constructora Miller Building International SA, la empresa que construyó las UPA con fondos de la Provincia.
Además, en el marco de esta causa, se investiga si, al mismo tiempo, la constructora tenía negocios privados con el ex gobernador, ya que le alquilaba un predio en Villa La Ñata, Tigre, para montar un emprendimiento hotelero.
En este punto, Scioli planteó que «es totalmente falsa» su supuesta «relación especial con uno de los proveedores» y consideró que Miller «accedió a menos del 1 por ciento de las obras públicas, licitadas todas mediante concursos públicos y transparentes y según la ley aplicable a cada caso».
Por otro lado, el ex mandatario provincial subrayó que «jamás» utilizó los helicópteros Robinson R-44-II y Robinson R-44 Raven-II de Miller y añadió: «Hubiese bastado repasar mi agenda pública en ese lapso de tiempo para advertir que, en la mayoría de las fechas de los presuntos viajes no me encontraba en Villa La Ñata».
En ese sentido, presentó evidencia y notas periodísticas que dan cuenta que en las fechas que se le imputa haberse subido en los helicópteros, él se encontraba en otros puntos del país.
«Nunca he recibido dádivas, ni de ese proveedor ni de ninguna otra persona», aseveró Scioli, quien evaluó que la imputación en su contra «tiene origen en un contrato de alquiler privado entre una sociedad que yo no presidía con una persona especializada en organización de eventos y, luego, con una sociedad que no era proveedora del gobierno provincial».
Con respecto a la venta del predio a Miller mencionada en la imputación, Scioli dijo fue efectuada en 2017, cuando ya no era gobernador, «a valor de mercado, bancarizada y cumpliendo con las normas legales vigentes para dicha operación».
Por último, destacó que «jamás» dio instrucción alguna «a nadie para favorecer a ningún proveedor», e insistió con que «todos los expedientes estuvieron avalados por los organismos de control de la Constitución y hasta, en algunos casos, por la Organización de las Naciones Unidas, a través de su Programa para el Desarrollo».
En el marco de esta investigación, el fiscal Álvaro Garganta indagó ayer al ex ministro de Salud de la provincia Alejandro Collia, en tanto en las próximas semanas hará lo propio con el dueño de la empresa constructora, Ricardo Estanislao Miller, acusado de ser partícipe necesario del presunto delito de «negociación incompatible con el ejercicio de la función pública».
Durante este mes, por el mismo presunto delito indagará además a Gerardo Pérez, ex subsecretario administrativo del Ministerio de Salud; Ana Beatriz Priolo, quien fue directora general de Administración; y a Matías Alcalde, quien estuvo cargo de la dirección de Contabilidad.