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En plena pandemia, seis mil trabajadores rurales cobran seguro por desempleo


Según los datos del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre). Además de la prestación económica, se brinda cobertura de salud, servicio de sepelio y pago de asignaciones familiares

Unos seis mil trabajadores rurales cobran por mes el seguro por desempleo en el país, de 11 mil pesos como monto máximo, en plena pandemia de Covid-19, según datos del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre).

El sistema está pensado, además, para que los trabajadores desempleados y cobran la prestación de desempleo puedan acceder al Programa de Reinserción Laboral en forma automática.

De ese modo, se los va a contactar con empleadores de la zona en la que residen, explicó a la agencia NA el director del Renatre, Ramón Ayala.

La duración de la prestación por desempleo se relaciona con el tiempo efectivamente trabajado y cotizado al Renatre, dentro de los tres años anteriores al cese de la relación laboral o finalización de la temporada o ciclo de servicios prestados que dio origen a la situación legal de desempleo.

Si el trabajador tiene 45 años o más, el tiempo de la prestación por desempleo se extenderá automáticamente por 6 meses adicionales por un valor equivalente al 70% del beneficio original que en 36 meses de trabajo dura un año.

Además de la prestación económica, se brinda cobertura de salud, servicio de sepelio y pago de asignaciones familiares.

«Se desarrolló esta nueva herramienta para que puedan acceder en forma remota y permanente sin tener que presentarse personalmente, preservando su salud y cumpliendo con el aislamiento social, preventivo y obligatorio», sostuvo el presidente del Renatre, Orlando Marino.

La solicitud de la prestación por desempleo se efectúa de forma virtual completando un formulario y enviándolo por WhatsApp a la delegación que corresponda: www.renatre.org.ar/trabajadores/prestacion-por-desempleo/.

Por otra parte, el Renatre decidió otorgar una prestación extraordinaria a trabajadores rurales que, en el marco de una fiscalización realizada por el organismo, sean detectados como víctimas de la presunta comisión del delito de trata de personas, de acuerdo a lo publicado en el Boletín Oficial, bajo la Resolución 100/2020.