Ariel D’Orazio, referente de la Concejalía Popular, habló en CLG sobre la necesidad de que se extiendan los contratos y se suspendan los intereses en el atraso del pago mensual
Por Matías Gregorio
La cuarentena obligatoria que rige en todo el país encendió las alarmas en el mercado de alquileres. Al quedarse en sus hogares, son muchas las personas que dejaron de recibir un ingreso de dinero fijo y no pueden hacer frente al pago de sus obligaciones contractuales. Además, como sucede en cada mes, se terminan cientos de contratos, pero en el marco de la pandemia del coronavirus la gente no puede realizar mudanzas y tampoco afrontar los gastos que implica dejar una vivienda y acceder a otra. Para Ariel D’Orazio, referente de la Concejalía Popular, «se debe tomar una medida a nivel nacional que aborde la problemática», según dijo en diálogo con CLG.
«Hubo dificultades de pago para el mes en curso y tenemos certeza de que la situación se va a agravar en abril porque muchos inquilinos no van a poder afrontar su alquiler y expensas, producto que son trabajadores informales o en algunos casos monotributistas y pequeños comerciantes, que a pesar de la ayuda del gobierno de 10 mil pesos a través del Ingreso Familiar de Emergencia, no llegan a cubrir el costo del alquiler mensual, más los impuestos y la alimentación», explicó D’Orazio.
Ante esta panorama, las agrupaciones que nuclean a los argentinos que acceden a una vivienda a través de la modalidad de alquiler le hicieron llegar a la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, María Eugenia Bielsa, y al Poder Ejecutivo una petición formal para que «tomen una medida que aborde integralmente el tema de los alquileres a nivel nacional». Si bien aún no recibieron respuesta, son optimistas de que en los próximos días tendrán novedades.
El gobierno nacional ha tomado nota del asunto y busca por estas horas consensuar con la oposición un proyecto de ley que, en el marco de la emergencia por el Covid-19, ordene la suspensión de desalojos de los inquilinos por un plazo de 90 días, establezca normas específicas para la renovación de alquileres y permita que sólo se pague una parte del alquiler mensual o que directamente sea diferido. De hecho, el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, habló de la necesidad de convocar a una sesión extraordinaria para tratar este y otros temas, pero si se dilata el acuerdo político las decisiones se tomarían por DNU para atenuar el impacto económico de los inquilinos en medio de la crisis, un camino que podría generar impugnaciones por parte de la Justicia al interferir en convenios entre privados.
Para el coordinador del Consejo Asesor de Vivienda en la Oficina del Consumidor «se debe plantear la suspensión de los intereses en relación a los atrasos en los pagos tanto en expensas como alquileres y establecer una prorroga automática por 60 días de los contratos que venzan abonando el mismo valor, y en los casos que no se pueda seguir pagando el alquiler hacer un esfuerzo compartido entre las partes con una asistencia del Estado para poder garantizar el normal cumplimiento del contrato».
«No se pueden hacer mudanzas, no hay tiempo para la negociación y las instancias personales no se pueden concretar, por lo que la prorroga debería ser automática, solamente se podría evitar si hay un acuerdo entre las partes», argumentó D’Orazio, y señaló que aproximadamente en Rosario se firman cada año 120 mil contratos de alquiler, por lo que en el plazo de la cuarentena «se vencerían entre 10 y 15 mil contratos».
Por otro lado, cuestionó la postura de los propietarios en medio de la pandemia: «Algunos están solicitando incrementos para nuevos contratos muy por encima de lo que se venía pagando, lo que es un claro abuso y aprovechamiento de la situación. Además, en otros casos tenemos denuncias de propietarios que han roto la cuarentena y han ido hasta la puerta de la casa alquilada a reclamarles a los inquilinos el pago de los gastos de renovación».
A su vez, el entrevistado pidió que se suspendan los aumentos previstos en los alquileres al entender que la Argentina venía de una crisis económica y con el actual cese de la actividad comercial «se va a romper la cadenas de pagos». «Si seguimos sosteniendo los contratos que están indexados con un aumento pactado del 30 o 35 por ciento para esta fecha también estamos generando un perjuicio económico», advirtió D’Orazio, y sugirió que «en todo caso se aplace el incremento hasta que se se normalice la situación».
La preocupación en torno a los alquileres a raíz del brote del Covid-19 excede a la Argentina. Países como Francia, España, Estados Unidos e incluso Paraguay han ordenado la suspensión del pago de alquileres, algo que asoma difícil en nuestro país, pero para el integrante de la Concejalía Popular «sería la medida correcta». «Seguramente necesite de la afección de una parte del Producto Bruto Interno (PBI), pero lo amerita porque estamos defendiendo el derecho a la vivienda de millones de argentinos y también porque hay otra preocupación: los locales comerciales que han parado su actividad y no tienen cómo hacer frente al pago de alquiler», concluyó D’Orazio.