El gobierno de Macron anunció hoy en conferencia que evalúan la medida, que causa gran controversia
El gobierno de Macron anunció hoy en conferencia que evalúan la medida, que causa gran controversia
El gobierno francés estudia legalizar el oficio de asistente sexual a personas con discapacidad, un tema que genera una gran controversia en el país porque algunas asociaciones consideran que se trata de prostitución.
El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció hoy en la Conferencia Nacional sobre la Discapacidad que «el derecho a la vida sexual» otorga «dignidad» a las personas con discapacidad, indicó EFE.
El pasado domingo, la secretaria de Estado de Discapacidad, Sophie Cluzel, había anunciado que consultará la opinión de las instancias pertinentes sobre la legalización de esas prácticas, como ya sucede en Alemania, Países Bajos, Bélgica o Suiza.
Cluzel se mostró favorable a que «se pueda acompañar la vida íntima, afectiva y sexual» de las personas con discapacidad mediante asistentes que les permitan tener relaciones a aquellos que no pueden por sí mismos.
El Gobierno se dirigió en esta cuestión al Comité Consultivo de Ética, un organismo que en 2012 se pronunció en contra de la iniciativa por considerar que ese tipo de servicio suponía un uso «mercantil» del cuerpo humano.
Pero la secretaria de Estado cree que, desde entonces, la sociedad francesa «ha madurado» y tiene «una visión nueva» sobre el problema que supone «condenar (a las personas con discapacidad) a vivir en una abstinencia no elegida».
Organizaciones como la Asociación para la Promoción del Acompañamiento Sexual (APPAS) comparte la posición del gobierno francés y desde hace años propone cursos de formación para dar estos servicios.
Pese a que su actividad puede ser catalogada con el actual marco legal francés de «proxenetismo», desde 2014 unas 80 personas tomaron sus cursos y una veintena ejercen en la actualidad, afirmó hoy al diario Le Parisien su presidenta, Jill Prévôt-Nuss.
El Consejo para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, organismo independiente consultivo del Gobierno, se manifestó en contra por considerar la medida «una suerte de legalización de la prostitución en un momento en el que Francia se compromete a combatir la explotación sexual de seres humanos».