Los datos se desprenden de un informe del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El 56% de los detenidos hasta diciembre del año pasado ya contaba con condena
Un total de 100.634 personas se encontraban detenidas hasta el 31 de diciembre de 2019 en 307 unidades penitenciarias de todo el país, lo que implicó un incremento del 6 por ciento en la población carcelaria respecto de 2018, informó hoy el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
De acuerdo al Informe del Sistema Nacional de Estadística sobre Ejecución de la Pena (Sneep), que fue presentado hoy por la ministra de Justicia, Marcela Losardo, el 56 por ciento del total de detenidos (56.270) que había hasta diciembre del año pasado tenía condena.
«Esta información, que es de acceso público, no solo representa un insumo vital para la toma de decisiones en materia de política penitenciaria sino que también es material de consulta a nivel académico, periodístico y ciudadano», explicó Losardo.
La ministra destacó que se ha propuesto «trabajar fuertemente en la optimización de la elaboración de datos y estadísticas referidas a la problemática penitenciaria, con el convencimiento de que el Estado debe diseñar políticas públicas en la materia, siendo la información una herramienta esencial e imprescindible para que las mismas sean efectivas».
Según se informó desde la cartera, el censo penitenciario (que se realiza todos los años), fue respondido por 307 unidades, 33 pertenecientes al Servicio Penitenciario Federal (SPF), 63 al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y 211 a las otras provincias.
«Al 31 de diciembre había 100.634 personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios de todo el país, de las cuales el 56 por ciento tenía condena. Esto implica un 6 por ciento de incremento de la población penitenciaria respecto al censo anterior», señaló el director de Política Criminal en Materia de Justicia y Legislación Penal, Hernán Olaeta.
Presentamos el balance 2019 del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP), un censo anual realizado en todas las unidades penitenciarias del país en el que se releva información sobre la totalidad de las personas privadas de libertad. pic.twitter.com/I8tIUXqnkr
— Ministerio de Justicia (@jusgobar) November 24, 2020
En base a ese total, la tasa de personas privadas de la libertad llegó a 224 cada 100 mil habitantes y si se suman los 8.771 detenidos en dependencias policiales o de fuerzas de seguridad, la cifra alcanza los 109.405 y la tasa pasa a 243.
«La provincia de Buenos Aires es la que más personas presas tiene en sus unidades de detención, alcanzando el 45 por ciento del total», detalló el informe a nivel nacional de 95 páginas, al que se accede a través de la web https://www.argentina.gob.ar/justicia/sneep-2019.
En ese contexto, en comisarías bonaerenses había 3.826 personas detenidas, al tiempo que le seguían en ese rubro Santiago del Estero (1.189), Chaco (1.067) y Tucumán (873).
Y en cuanto a la tasa, en el informe se explicó que está «bastante alejada de las elevadas tasas de Estados Unidos (639) o Cuba (510) pero también de las bajas tasas de India (34) o Japón (39)».
Respecto a las características de la población penitenciaria, el 95% eran varones, el 94% argentinos, el 66% contaba con estudios primarios y 58% eran menores de 35 años.
Mientras que en cuanto a las causas por las que estaban detenidos, el 38% (38.141) era por robo o tentativa de robo; el 16,5% (16.664) por infracción a la ley de drogas, el 14% (14.051) por violaciones y abusos sexuales, el 13% (13.023) por homicidios dolosos y el resto por otros delitos.
Por último, sobre las unidades penitenciarias, la Unidad 1 de Lisandro Olmos es la que mayor cantidad de detenidos tenía en el SPB, con 2.644; en tanto que en el SPF la que más presos alojaba es el Complejo II de Marcos Paz, con 2.652.
De la presentación del informe participaron también el secretario de Justicia, Juan Martín Mena; la subsecretaria de Asuntos Penitenciarios y directora del Servicio Penitenciario Federal, María Laura Garrigós; el subsecretario de Política Criminal, Pablo Barbuto; la jueza de la Cámara Federal de Casación Penal Ángela Ledesma; en representación del Comité Nacional de Prevención de la Tortura, Diana Conti y Alan Iud; y numerosos ministros de Gobierno y de Justicia provinciales.