El Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas afirmó que "no hay excusas" para que avance con el proyecto original de "expropiar" la cerealera.
El Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas reclamó este domingo al gobierno que pida la quiebra de la empresa Vicentin y sostuvo que «no hay excusas» para que avance con el proyecto oirginal de «expropiar» la cerealera. Acreedores internacionales también piden definiciones urgentes para cobrar los más de 18 mil millones que les adeuda la firma.
Así las cosas, la entidad que nuclea a las empresas recuperadas remarcó que «mientras el gobierno de Mauricio Macri pisoteaba a la economía popular y a las pymes bajo el mote de improductividad, a Vicentin le inyectaba fortunas con fondos de nuestro pueblo, a escasas horas de abandonar el poder y de que el mega grupo agrario se declarara en estrés financiero».
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La organización que preside Eduardo «Vasco» Murúa -quien a su vez es Director Nacional de Empresas Recuperadas en el Gobierno- señaló que no le sorprende el fallo judicial que repuso el directorio original de la empresa y desplazó a los interventores del Estado.
«Conocemos bien el accionar de un Poder Judicial que en la mayoría de los casos opera enquistado y ajeno a la imparcialidad, y defiende a la propiedad privada por encima de los derechos de los sectores populares», lamentaron.
Ansiedad internacional
La cerealera argentina que quedó al borde del default durante el gobierno de Mauricio Macri y que Alberto Fernández podría intentar expropiar inquieta en Estados Unidos y en Europa, lo que llevó a la intervención de la justicia de Nueva York y a la contratación de entidades financieras locales para que lleven adelante la negociación de los pasivos.
Si bien la mayor deuda de Vicentin es con el Banco Nación, por cerca de $18 mil millones, la deuda con toda la banca internacional sumada supera ampliamente a esa cifra, por lo que los acreedores internacionales siguen de cerca todo el entramado entre el Gobierno, la justicia argentina y la empresa.
Tres deudores sobresalen por los montos: la Corporación Financiera Internacional con base en Estados Unidos (16.504,8 millones de pesos), la Compañía de Financiamiento para Países en Desarrollo de Holanda (9.228,4 millones) y la sucursal Tokio del Banco ING (4.420 millones).
Expertos locales aseguran que el crédito que cedieron los holandenses fue clave para el desarrollo reciente de la empresa: fue el que le permitió asociarse con la suiza Glencore para crear la planta de Renova.
La empresa ya envió los papeles correspondientes al juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Alvin Hellerstein, ya que asegura que en sus movimientos no hay nada raro y que su quiebra se debe casi en su totalidad a la volatilidad que se generó tras las PASO.
Los directivos explican que, cuando Macri perdió las PASO, corrió rápido el rumor de que vendrían más retenciones, por lo que los productores se apuraron a liquidar los granos que le habían dado a la empresa, lo que dejó a la empresa sin capacidad de pago tanto para los productores como para las entidades financieras.
El Gobierno actual considera que la empresa también es responsable de la quiebra y que además hubo un manejo delictivo de los activos, teniendo en cuenta además que hay varias empresas relacionadas a los Vicentin en paraísos fiscales.
El presidente Fernández consideró hace dos días que es importante que a la empresa no la sigan manejando «los que la manejaron» hasta ahora y remarcó que «los dueños de Vicentin quieren que los salvemos sin poner nada».
Además insistió el sábado con que, si el juez no acepta la propuesta de Omar Perotti, deberá continuar con la expropiación porque no quedará otra alternativa.
Todo el ruido de los últimos días llegó hasta el embajador de Holanda, Roel Nieuwenkamp, quien le solicitó una audiencia al Gobierno en la que buscará conocer detalles de lo que ocurre con la compañía.