La empresa VF Corporation es dueña de Vans, Kipling y Timberland y le ha confiado a medios brasileños que no utilizará cuero de Brasil hasta que esté completamente segura del origen de sus productos. El aumento de los incendios en la Amazonia ha generado una nueva reacción que afectará rotundamente la economía del país presidido por el ultraderechista, Jair Bolsonaro.
El bloqueo de la compra de pieles es el primer golpe real contra la economía del gigante sudamericano, provocado por el discurso antiambientalista del presidente brasileño: hasta el pasado viernes intentó desvincularse de la crisis ambiental.
El mandatario, sin embargo, ha prohibido este jueves las quemas durante dos meses, menos en las quemas que son autorizadas por los organismos de control.
Según datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), desde enero hasta el pasado martes se registraron 83.329 focos de incendio en Brasil, más de la mitad de los cuales se han producido en la selva amazónica.
“VF Corporation y sus marcas han decidido no seguir suministrando directamente el cuero y los curtidos de Brasil a nuestros negocios internacionales hasta estar seguros de que los materiales utilizados en nuestros productos no contribuyen a perjudicar el medio ambiente en el país”, ha informado la empresa a través de un comunicado de prensa.
Para el presidente de la industria de Curtidos de Brasil, José Fernando Bello, la escalada del boicot podría ser desastrosa para una industria que exporta más del 80% de su producción y genera 2.000 millones de dólares al año en ventas al mercado exterior.
Desde que llegó al poder, Bolsonaro ha cercenado la inspección ambiental del país, llamado radicales a los activistas y desdeñado el dinero que Alemania y Noruega han dejado de destinar al Fondo Amazonia, que contribuye a preservar la selva brasileña, incluso con proyectos de prevención de incendios.
Los especialistas ven su discurso beligerante como una especie de autorización para realizar acciones contra el medio ambiente. En su primer año en el Gobierno, además de los incendios, la deforestación también ha aumentado, aunque el presidente haya desmentido los datos revelados por el INPE y haya destituido al presidente del instituto tras conocerse la información.
Bolsonaro, inicialmente llegó a decir que las ONG que actúan en la Amazonia eran las principales sospechosas de haber prendido fuego a la selva, ahora se vio obligado a actuar ante la presión internacional.
El viernes pasado, anunció en red nacional que enviaría a la Fuerza Nacional (una especie de cuerpo de élite del país, formado por policías militares de varios estados) a la Amazonia para combatir el fuego y las actividades ilegales que lo provocan.
El Gobierno, que asegura que los focos están disminuyendo, ha destacado a más de 3.900 militares y brigadistas, centenares de vehículos y 18 aeronaves, entre las que se encuentran dos aviones Hércules C-130, para controlar las llamas, según datos del Ministerio de Defensa.
En el decreto anunciado este jueves, Bolsonaro ha prohibido que se hagan quemas en Brasil durante dos meses. La única excepción son las controladas, permitidas por el Código Forestal Brasileño en prácticas agrícolas y forestales cuando están justificadas y autorizadas por los órganos de control.
Mientras tanto, las reacciones mundiales al discurso de Bolsonaro siguen preocupando a los empresarios brasileños, incluso a los de la agroindustria, que temen perder ventas con un posible boicot de los países europeos. Según el periódico Folha de S. Paulo, algunos productores presionan al ministro del Medio Ambiente, Ricardo Salles, para que refuerce el control y abandone el discurso beligerante contra los órganos ambientales del Gobierno. Quieren mostrar al mundo que el sistema de control ambiental funciona, en una excepcional posición pública contra la deforestación, lo que convertiría al sector más criticado por los ambientalistas desde hace décadas en el protector de la selva.