Una empleada judicial fue cesanteada por orden de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, acusada de vender vacantes para realizar ayudantías por 10.000 pesos y cuyo accionar «merecía la máxima sanción por la magnitud y la gravedad de la falta que se le atribuía», según señala la resolución.
La Corte Suprema de Justicia de Tucumán dispuso la cesantía de Miriam Josefina Herrera, encargada auxiliar afectada al Gabinete Psicosocial de los Tribunales, con los votos de los vocales Daniel Posse (presidente), René Goane, Antonio Gandur y Antonio Estofán.
En octubre de 2017, Enrique Fernando Roque Aguilar se presentó ante la Secretaría de Superintendencia y denunció que Herrera había ofrecido el puesto a su hija, María Ximena Aguilar Loreto, a cambio de $ 10.000.
El testigo ofreció como prueba capturas de pantalla de las conversaciones mantenidas entre su hija y la encargada auxiliar.
Mientras que en los tribunales ordinarios, el puesto ofrecido sólo puede ser adquirido a partir de concursos públicos, en la Justicia de Paz, las ayudantías judiciales suelen ser repartidas en forma discrecional por decisión de los vocales de la Corte Suprema.
La Corte consideró que estaba probado que la empleada se había comunicado por WhatsApp con Aguilar Loreto y evaluó que ello resultaba improcedente porque «las cuestiones laborales deben ventilarse en el ámbito institucional».
El alto tribunal añadió que la superiora de la encargada y jefa del Gabinete Psicosocial, María del Rosario Contreras, confirmó que Herrera salía con frecuencia de su oficina durante más de una hora para encontrarse con desconocidos y que, por ello, a mediados del año pasado le había restringido los permisos.
La Corte Suprema de Justicia de Tucumán dispuso la cesantía de Miriam Josefina Herrera, encargada auxiliar afectada al Gabinete Psicosocial de los Tribunales, con los votos de los vocales Daniel Posse (presidente), René Goane, Antonio Gandur y Antonio Estofán.
En octubre de 2017, Enrique Fernando Roque Aguilar se presentó ante la Secretaría de Superintendencia y denunció que Herrera había ofrecido el puesto a su hija, María Ximena Aguilar Loreto, a cambio de $ 10.000.
El testigo ofreció como prueba capturas de pantalla de las conversaciones mantenidas entre su hija y la encargada auxiliar.
Mientras que en los tribunales ordinarios, el puesto ofrecido sólo puede ser adquirido a partir de concursos públicos, en la Justicia de Paz, las ayudantías judiciales suelen ser repartidas en forma discrecional por decisión de los vocales de la Corte Suprema.
La Corte consideró que estaba probado que la empleada se había comunicado por WhatsApp con Aguilar Loreto y evaluó que ello resultaba improcedente porque «las cuestiones laborales deben ventilarse en el ámbito institucional».
El alto tribunal añadió que la superiora de la encargada y jefa del Gabinete Psicosocial, María del Rosario Contreras, confirmó que Herrera salía con frecuencia de su oficina durante más de una hora para encontrarse con desconocidos y que, por ello, a mediados del año pasado le había restringido los permisos.