Una empleada de una fiscalía de San Fernando fue detenida acusada de robar del depósito judicial al menos ocho armas secuestradas en operativos para luego entregárselas a a su pareja, un hombre con antecedentes que también fue apresado, quien las vendía a delincuentes en el mercado negro a través de redes sociales, informaron fuentes judiciales.
Los imputados fueron identificados por las fuentes como Pamela G. (37), quien trabaja con la categoría de oficial cuarta en el Área Correccional de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de San Fernando, y su pareja y con quien tiene una hija en común, Matías Horacio L.
La investigación se inició el viernes pasado cuando un informante obtuvo el dato de que ofrecían por Whatsapp armas de fuego robadas del depósito judicial de la fiscalía local. “El hombre que vendía las armas le decía a sus compradores que estaba saliendo con una fiscal de San Fernando que se las conseguía”, dijo a Télam una fuente judicial.
Pero cuando empezaron a investigar a Matías Horacio L. como el presunto vendedor de armas, vieron que no tenía vínculos con ninguna fiscal, pero sí con la empleada Pamela G., con quien subía fotos a Facebook.
En fotos que circulaban en el mercado negro entre bandas de delincuentes de zona norte, se veía la numeración de algunas de las armas y así se comprobó que algunas de ellas habían sido secuestradas en alguna causa y faltaban del depósito de efectos de la fiscalía de San Fernando.
El informante decía que el vendedor de armas ofrecía alrededor de 17 revólveres y pistolas, aunque alrededor de ocho habían sido robadas de la fiscalía, aclaró una fuente. Una vez radicada la denuncia, el fiscal general de San Isidro, John Broyad, conformó un equipo especial de fiscales que incluyó a Alejandro Musso y José Amallo, de la misma UFI de San Fernando donde trabajaba la imputada, pero del Área de Investigaciones Criminales, y otro externo, Patricio Ferrari, de la UFI de San Isidro.
Al haber una funcionaria del Ministerio Público Fiscal implicada, el propio procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, monitoreó la investigación. “Estamos haciendo un recuento total de las armas del depósito porque creemos que pudieron estar haciendo esto desde hace mucho tiempo y que las armas robadas podrían ser muchas más de las que sospechamos”, dijo uno de los investigadores judiciales.
Tras una serie de tareas investigativas, los fiscales Musso, Amallo y Ferrari realizaron ayer con apoyo de la Jefatura Distrital de San Fernando, una serie de allanamientos en los que se detuvo a los dos implicados. Las armas ofrecidas por redes sociales no fueron localizadas, por lo que se cree que ya estaban vendidas o que están ocultas en otro sitio que se debe descubrir.
Pamela G., quien trabajaba en la fiscalía desde 2010, fue detenida en su domicilio de San Fernando, donde se encontraron otros elementos judiciales, como videos de cámaras de seguridad e hisopados y pericias de Policía Científica que ahora se investiga si son evidencias que comprometían a alguna banda.
“Estamos viendo si estos efectos tienen algún patrón en común. Si robaba armas, no descartamos que también hiciera desaparecer evidencias a cambio de dinero”, dijo uno de los investigadores judiciales.
Su ex pareja quien según las fuentes posee algunos antecedentes policiales, fue apresado en un domicilio del barrio El Detalle de Tigre. Ambos fueron indagados por los tres fiscales, se negaron a declarar y quedaron detenidos acusados de “peculado y sustracción de medios de prueba en concurso con provisión de arma de guerra”.