Pablo Bolego, presidente de la Asociación de Transportes Especiales de Santa Fe, fue sincero para analizar la situación del sector
El presidente de la Asociación de Transportes Especiales de Santa Fe (Atraes), Pablo Bolego, advirtió que un eventual veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad “sería devastador” para el sector. “No tenemos un plan B”, señaló en declaraciones a Radio UNR, y adelantó que, si eso sucede, “lo rechazaremos en las calles con diversos actores del sector”.
La ley forma parte de un paquete que incluye también el aumento de las jubilaciones y la restitución de la moratoria previsional, y fue comunicada formalmente este lunes desde el Senado a Casa Rosada. A partir de ese momento comenzó a correr el plazo de diez días hábiles que tiene el presidente Javier Milei para vetarla total o parcialmente. Ese plazo vence el lunes 4 de agosto, fecha clave para el destino de una norma reclamada con urgencia.
“La situación del sector es crítica”, afirmó Bolego, quien detalló que los transportistas especiales perdieron el 50% de las personas a las que brindaban servicios. “Lo único que hacemos es tapar el sol con la mano. La rentabilidad es nula”, graficó. Y explicó: “El kilómetro recorrido antes equivalía al 80% de un litro de nafta. Hoy el kilómetro está tarifado en $541, pero el litro de combustible cuesta $1500”.
El dirigente criticó la falta de apoyo estatal: “Necesitamos que el Estado nos respalde para garantizar servicios esenciales a quienes más lo necesitan, pero creen que esto es un gasto, cuando en realidad están favoreciendo a quienes se quedan con la renta del sistema”.
Además, Bolego anticipó que pedirán que la emergencia se declare también a nivel provincial y municipal, tanto en Santa Fe como en Rosario.
Un reclamo también en clave constitucional
En paralelo a la discusión nacional, desde Atraes también llevan sus demandas a la Convención Constituyente que discute la reforma parcial de la Constitución provincial. Allí proponen incorporar la “universalidad de las pensiones para personas con discapacidad, la gratuidad de medicamentos y prótesis”, y garantizar en Santa Fe el cumplimiento de la Ley Nacional 24.901, que establece un sistema integral de prestaciones básicas de habilitación y rehabilitación.
“Queremos que la nueva Constitución reconozca derechos esenciales. No se trata de un privilegio, se trata de dignidad”, concluyó Bolego.