El niño tenía tres años cuando desapareció a finales de 2015. El caso tiene imputadas a tres personas, entre ellas a la abuela del menor
La causa que investiga la desaparición de Maxi Sosa en Ceres, ocurrida hace casi cinco años, fue elevada a juicio por el fiscal federal de Rafaela, Gustavo Onel. Hay tres imputados, entre ellos la abuela del niño, que se encuentran con prisión preventiva.
Los acusados están procesados por el delito de “trata de personas, en las modalidades de traslado y ofrecimiento, agravado por haber mediado abuso de la situación de vulnerabilidad de la víctima, por no poder esta valerse por sí misma, por la participación de tres o más personas, y por ser aquella menor de dieciocho años”.
Se trata de Patricia Sayago de 43 años, la abuela del niño; Ariel Malagueño de 39 años, pareja de Sayago; y Pablo Américo Pinedo, alias “Pantera” de 60. La pareja está vinculada desde el inicio a la causa, cuando el expediente se tramitaba en la Justicia provincial, recordó Aire de Santa Fe. En tanto, Pinedo fue detenido el 25 de septiembre de 2019.
La investigación por la desaparición
El anterior juez de Rafaela, Miguel Abasolo, acusó a los tres imputados en septiembre de 2019. En ese momento, consideró que se encuentra acreditado que la desaparición de Maxi Sosa se dio entre los días 18 y 21 de diciembre del año 2015. Para el magistrado, Sayago y Malagueño lo trasladaron desde Ceres hasta un inmueble llamado “El Chalecito”, ubicado en Colonia Montefiore. La última vez que fue visto, el nene vestía una musculosa marca Adidas color gris, y un pantalón tipo bermudas de color negro con rayas gris.
Según determinó la investigación e indica Aire de Santa Fe, el menos fue retenido y ocultado, al menos hasta el 26 de junio del 2016.
Luego, creen los pesquisas, el niño fue entregado o “vendido” a una red de trata de personas cuyas identidades aún no pudieron ser establecidas. El grueso de la investigación, que en su mayoría se basa en declaraciones testimoniales, construyó la hipótesis de que a Maxi Sosa lo vendió su abuela con la colaboración tanto de Malagueño como de Pinedo.
En otro tramo del procesamiento, el juez valoró que tanto la abuela como su pareja tuvieron un crecimiento patrimonial notable en sus bienes tras la desaparición del niño.