A tres días de que se conozca la histórica sentencia del Tribunal Supremo español contra 12 líderes del fallido proceso de secesión de Cataluña en 2017, nueve de ellos en prisión, medios españoles adelantaron que los jueces descartaron una condena por el máximo delito: la rebelión.
El diario El País avanzó que el alto tribunal descarta el delito de «rebelión consumada», que supondría penas de cárcel que van de los 16 a los 25 años, mientras La Vanguardia insistió -como ya adelantó hace unos días- en que los jueces se inclinan hacia condenar a los secesionistas por «sedición».
Los jueces descartan la rebelión porque requiere violencia y que hubiese sido promovida por los políticos presos como instrumento para alcanzar la secesión de Cataluña, y creen que esto no se aplica a los líderes catalanes, según fuentes judiciales citadas por El País.
La diferencia entre rebelión y sedición es que la primera persigue conductas que pretenden modificar las estructuras del Estado -como la secesión de un territorio- utilizando la violencia, mientras que la segunda consiste en promover actos tumultuarios para impedir la aplicación de las leyes.
Los jueces, que buscan un fallo unánime, establecerán un cuadro de penas, que varía de acuerdo con el grado de implicación de cada uno de los 12 acusados. Los que se encuentran en prisión, entre ellos el ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras y los líderes sociales Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, serían condenador por sedición.
El tribunal adoptaría el criterio de la Abogacía del Estado, que representa al gobierno, y calificó los hechos como sedición pidiendo hasta 12 años de cárcel en los casos en los que el delito se haya cometió en concurrencia con el de malversación, algo que atribuye a los responsables del gobierno pero no a los «Jordis». La Fiscalía, más dura, había calificado los hechos como rebelión y pedía hasta 25 años de pena.
El Supremo dará a conocer el fallo previsiblemente el próximo lunes, 14 de octubre, con lo que el movimiento independentista, que tiene pocas dudas de que el fallo será condenatorio, se prepara para reaccionar de forma contundente con manifestaciones masivas y acciones de «desobediencia».
Representantes de los grupos vecinales llamados CDR (Comités de Defensa de la República), de los que participan los independentistas radicales, aseguraron – en una entrevista radial y bajo anonimato- que siempre actuaron basándose en una «desobediencia civil no violenta» y que «no hay ningún cambio en ese sentido» de cara a la inminente sentencia.
Los voceros de los CDR también se desmarcaron de siete detenidos hace unas semanas, a quienes las autoridades acusan de terrorismo. La plataforma Tsunami democrático llamó a la «desobediencia civil» y difundió convocatorias de movilizaciones entre los universitarios.
Los estudiantes convocaron a la huelga desde el 16, 17 y 18 de octubre, cuando las organizaciones sindicales secesionistas convocaron una «paro de país». La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, pidió «prudencia en la reacción» para evitar «recrudecer las tensiones», mientras el ex presidente catalán Artur Mas urgió al independentismo a no alterar el orden público.