El Senado votará mañana el proyecto de ley de extinción de dominio que se encuentra trabado desde hace más de un año, aunque los tres bloques principales llegarán al recinto con posturas distintas, por lo que el resultado está abierto.
La extinción de dominio es la figura jurídica que permitiría al Estado hacerse con bienes obtenidos por medio de actividades ilícitas o utilizados para ellas, pero Cambiemos, el Bloque Justicialista y el Frente para la Victoria tienen visiones diferentes sobre el contenido y los alcances de la iniciativa.
Hace dos semanas, en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, los senadores de esos tres espacios presentaron dictámenes diferentes y el que más firmas obtuvo fue el del PJ, por lo que será el primero en tratarse.
La iniciativa del justicialismo sostiene que la extinción de dominio debe ejecutarse en el fuero penal una vez que exista una sentencia de primera instancia, mientras que el dictamen de Cambiemos le otorga al fuero civil la potestad de dictar la medida y de hacerlo antes de que haya condena.
El dictamen del kirchnerismo, en tanto, plantea que la extinción de dominio debe alcanzar también a los delitos económicos, especialmente cuando se trate de corrupción: el ejemplo característico es el de las coimas, con la idea de que la extinción no se aplique sólo al funcionario que la cobre, sino también a la persona que la pague.
De esta manera, si bien el primer proyecto en ser sometido a votación será el del justicialismo, la redacción final está abierta a posibles modificaciones que unifiquen los criterios de todas las bancadas.
En 2016 la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de extinción de dominio pero el Senado nunca lo trató porque el Bloque Justicialista consideró que tenía varias falencias y, el año pasado, intentó sin éxito consensuar una serie de modificaciones con Cambiemos, principal impulsor del tema.
Finalmente, este año la bancada que encabeza Miguel Pichetto presentó una iniciativa nueva y reactivó el debate, que culminará este miércoles con la votación de un proyecto que deberá ser girado a la Cámara de Diputados.