La iniciativa, que contó con mayoría de votos, quedó ahora en condiciones de ser tratada en la Cámara de Diputados para que se convierta en ley
El Senado aprobó este jueves el proyecto de ley que crea un marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial.
La iniciativa obtuvo 56 votos positivos, 5 negativos y una abstención, por lo que quedó en condiciones de ser tratada en la Cámara de Diputados.
Se trata de un nuevo marco legal para ordenar y promover la actividad, ya que la ley actual 27.350 creada en 2017 habilitó la producción local pero en muy baja escala y de forma experimental, y no estuvo pensada en términos de desarrollar una verdadera industria alrededor del cannabis y la planta de cáñamo.
La iniciativa propone regular los distintos eslabones productivos, la comercialización del cáñamo industrial y sus subproductos, como fibras textiles, ropa y calzado, papel, alimentos, cosméticos, materiales para la construcción y otros tantos, pero no legisla sobre el consumo «recreativo» de cannabis, lo cual sigue estando prohibido por la ley de estupefacientes vigente (23.737).
Entre sus puntos más salientes, la norma propuesta contempla la creación de la creación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), organismo que tendrá la función de «regular -entre otras- la importación, exportación, cultivo, producción industrial, fabricación, comercialización y adquisición, por cualquier título de semillas de la planta de cannabis, del cannabis y de sus productos derivados con fines medicinales o industriales».
Durante su intervención, el senador Adolfo Rodríguez Saá (Frente de Todos) recordó que «el cáñamo era legal y se producía en nuestro país, pero la dictadura hizo clandestina a una actividad que en el mundo está aceptada».
«Estamos sacando esa prohibición que va a permitir, cumpliendo con las normas de esta ley, producir el cáñamo», expresó.
La senadora cordobesa del PRO Laura Rodríguez Machado coincidió con el puntano en que «hay que sacar de la clandestinidad al cultivo de cannabis, regular el cannabis medicinal y tener control de la producción de cáñamo», aunque marcó diferencias con el proyecto oficial, al sostener que «viola la Constitución sobre facultades provinciales».
La sanjuanina López Valverde (Frente de Todos) hizo hincapié en los beneficios que traería la producción a escala de cannabis en materia de salud, «para aliviar a personas que buscan mitigar el dolor en enfermedades muy crueles, como la epilepsia, la fibromialgia o los malestares de la quimioterapia».
A diferencia de Rodríguez Machado, el radical Mario Fiad apoyó la iniciativa, «en especial teniendo en cuenta que Jujuy ha liderado con su emprendimiento los programas de producción e investigación del cannabis con fines medicinales».
La rionegrina Silvina García Larraburu ponderó el proyecto y al respecto dijo que apunta a «crear y regular un nuevo mercado desde un anclaje basado en la salud pública».
Por su parte, la puntana María Eugenia Catalfamo (Frente de Todos) también valoró la iniciativa, de la cual dijo que «busca mejorar la salud y la calidad de vida de aquellas personas que requieren del tratamiento medicinal del cannabis».
La mendocina de la UCR Pamela Verasay se manifestó en rechazo al proyecto, al que le adjudicó una supuesta «falta de federalismo» por atribuirle a la administración nacional «funciones que pueden desarrollar las provincias, que tienen facultades para regular y reglamentar sus actividades económicas».
El santafesino Roberto Mirabella (Frente de Todos) elogió el proyecto ya que permite «sacar» al cannabis del «nomenclador de estupefacientes», a la vez que logra avanzar con «toda la cadena productiva del cannabis y del cáñamo con una visión productiva».
Su par de Chubut Alfredo Luenzo se manifestó en la misma sintonía y señaló que «en América Latina el prohibicionismo solo ha traído negocios con el narcotráfico y muertes».
«Uruguay tiene más de 38.000 productores independientes del cannabis, con un Estado presente que regula. Nadie alienta las adicciones», aclaró el legislador oficialista.
En sentido contrario, Alberto Weretilneck (Frente de Todos) se manifestó en contra del proyecto y argumentó que la marihuana es «mucho más dañina que el alcohol y que se trata de una droga de inicio».
«No hay ninguna agencia en el mundo que haya aprobado a la marihuana como un medicamento», alertó.
«Yo no estoy de acuerdo en sumarme a ese mensaje de que la marihuana no tiene impacto negativo en las personas. La marihuana ya ha sido calificada como perjudicial y dañina, algunos hablan de cannabis para que parezca una versión atenuada», se quejó.
Para el rionegrino «la legalización de la marihuana lleva a futuras generaciones al atraso, al abandono escolar, y a serios problemas con la salud en su futuro», sentenció el rionegrino.
Como última oradora, la mendocina Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos) aseguró que «este marco regulatorio nos va a permitir a todas y todos aprovechar la gran potencialidad que tiene el cannabis en todas sus variantes y en varias áreas del desarrollo humano, no sólo desde el punto de vista productivo, medicinal, sino también ecológico».