Así lo revelaron fuentes del Gobierno, que precisaron que la AFI sólo podrá actuar en la reunión de información sobre la base de tareas específicas ordenadas por la Presidencia
El proyecto de Ley de Inteligencia que el presidente, Alberto Fernández, anunció en la apertura de las sesiones ordnarias del Congreso, elimina definitivamente el rol de la AFI como auxiliar de justicia y, por ende, de investigación judicial.
La inteligencia quedará circunscripta tres organismos: la propia Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Inteligencia Criminal (Ministerio de Seguridad) e Inteligencia Estratégica Militar (Defensa), coordinadas por un Consejo Interministerial integrado por los ministerios de Seguridad, Defensa y de Relaciones Exteriores.
Así lo revelaron fuentes del Gobierno, que precisaron que la AFI sólo podrá actuar en la reunión de información sobre la base de tareas específicas ordenadas por la Presidencia y enmarcadas en el Plan Nacional de Inteligencia, que dependerá de ella.
Esa tarea estará coordinada por un Consejo Interministerial y estará sometida a los controles de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Agencia de Acceso a la Información Pública.
Así, la labor de la AFI estará destinada sólo a «la producción de inteligencia de amenazas, riesgos y/u oportunidades del marco internacional (terrorismo o su financiamiento».
Esas tareas deberán estar fundamentadas y limitadas en el tiempo, y su esquema de ejecución tendrá que «garantizar la trazabilidad». El objetivo es contar con un registro que permita conocer qué se hizo, quién lo hizo, por orden de quién y con qué objetivo.
El proyecto de ley establece taxativamente que queda prohibida la realización de inteligencia en el territorio nacional, «salvo que se corrobore hipótesis de extranjería o para el desarrollo de intereses estratégicos», cuyo resorte deberá pasar indefectiblemente por el Poder Ejecutivo.
La SIGEN realizará la auditoría interna y la Agencia de Acceso a la Información Pública impulsará la desclasificación de la información para que una vez cumplidos los objetivos esté al alcance de los ciudadanos, como un organismo más de la Administración Pública Nacional.