El decreto que congelaba los contratos y prohibía acciones de desalojos quedó en el olvido. Nire Roldán, de la Concejalía Popular, habló con CLG y adelantó que el lunes llegarán las intimaciones judiciales para los inquilinos
El decreto de congelamiento de alquileres y prohibición de desalojos, que estuvo vigente durante un año, quedó sin efecto este 1º de abril, por lo cual el gobierno puso en marcha esta semana un protocolo para asistir a las familias con problemas habitacionales. De todas formas, los inquilinos quedaron a la merced de los locadores y la Justicia y, contemplando el fin de semana largo por Semana Santa, la «catástrofe» se trasladó al lunes, cuando las intimaciones para abonar deudas o desalojar comiencen a circular.
«Esto es una catástrofe inquilina», afirmó Nire Roldán, presidente de la Concejalía Popular, y contempló que con la «caída» del DNU más de 9 millones de argentinos quedan desprotegidos.
Frente a esto, Roldán contó que hay más de 1 millón y medio de inquilinos que por la pandemia no pudieron pagar sus alquileres y eso generó una deuda que va, en promedio, desde los 150 mil hasta los 200 mil pesos y que ahora los propietarios se encuentran con la posibilidad de exigir un pago jurídico. Sin embargo, remarcó: «No podían pagar y ahora lo deben hacer de 4 a 12 cuotas y sus alquileres aumentaron mínimo un 40% y algunos llegaron a un 100%«. Rápidamente aclaró que «es justo» el reclamo y que la deuda se debe abonar, pero «preocupa» la situación porque «mínimamente había que tomar medidas, como garantizar que no se desaloje a los inquilinos».
Roldán detalló que ya hay 48 juicios por deudas de alquiler que terminaran con el desalojo de personas. «Hay muchas presiones de los corredores inmobiliarios, que evidentemente quieren está desprotección», manifestó el referente de los inquilinos y denunció que muchos de ellos «castigaron» a las personas que se adhirieron al DNU.
En este contexto, la Concejalía Popular inició contactos con la Legislatura de Santa Fe a través del diputado Carlos Del Frade y Roldán aseguró que se van a pedir la suspensión de los desalojos hasta fin de año.
El lunes 5 de abril será el primer día hábil del mes en el Poder Judicial de Santa Fe. Es por ello que el titular de la Concejalía Popular adelantó que habrá un aluvión de cartas documento o pedidos de desalojo, pero no dudó al afirmar que «es hora de defender a los inquilinos». Por último, volvió a lamentar la situación, no obstante rescató que se puso en agenda el problema de alquilar «como nunca».
Mirá la nota completa acá: