En Cali, la tercera ciudad del país y una de las que ha llevado la peor parte de los disturbios, al menos tres personas murieron este viernes
La violencia sigue empañando las protestas en Colombia, en su mayoría pacíficas, que este 28 de mayo cumplieron un mes.
En Cali, la tercera ciudad del país y una de las que ha llevado la peor parte de los disturbios, al menos tres personas murieron este viernes. Según el alcalde, Jorge Iván Ospina, en medio un aparente enfrentamiento entre personas que instauraron bloqueos en zonas residenciales y habitantes que se disponían a salir del lugar.
«Tres personas, desafortunadamente, han muerto. Expreso a sus familias mi solidaridad y condolencias. Esta situación ha ocurrido entre quienes bloquean y entre quienes querían pasar. La reyerta ha traído esta situación alocada de muerte y dolor», dijo Ospina en un video divulgado por la Alcaldía.
«No podemos permitir que estas circunstancias sigan ocurriendo en Cali. No debemos caer en la tentación de la violencia y la muerte. Por el contrario, la justicia y el diálogo son los conceptos que deben operar y son complementarios. Necesitamos justicia frente a los eventos de La Luna (barrio donde ocurrieron los hechos), necesitamos el diálogo para abrir puertas a la concertación y tranquilidad ciudadana», agregó el gobernante local.
Según la versión de un joven de la denominada ‘Primera Línea’, grupo que se sitúa con escudos en la parte delantera de las manifestaciones, los hechos se produjeron cuando un hombre al que le fue impedido transitar por los bloqueos sacó un arma y disparó contra las personas que estaban en el lugar.
Su reacción desató un enfrentamiento en el que, según el testigo, el hombre siguió disparando, mientras las demás personas que estaban ahí le arrojaron piedras y, luego, lo lincharon hasta matarlo.
El hombre involucrado era un funcionario del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, identificado como Fredy Bermúdez, según confirmó el propio ente acusador. En una rueda de prensa, el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, aseguró que Bermúdez “disparó hacia varias personas, ocasionando la muerte de unos civiles”.
Barbosa dijo que el funcionario no se encontraba en el cumplimiento de sus labores, pues estaba en día de descanso.
El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, manifestó su preocupación por lo ocurrido en Cali y también por otros disturbios violentos en el municipio de Madrid, cercano a Bogotá, la capital.
Pese a estos hechos, miles de ciudadanos volvieron este viernes a las calles de ciudades como Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cartagena y Cali, para participar en concentraciones pacíficas y festivas, aunque con menor intensidad que cuando comenzaron el pasado 28 de abril.
La situación de la ciudad es tal que el presidente Iván Duque viajó hasta Cali con el ministro del Interior, Daniel Palacios, para realizar una reunión con los gobernantes locales y discutir la seguridad.
Tras eso, el mandatario anunció la nueva medida. “A partir de esta noche empieza, el máximo despliegue de asistencia militar a la Policía Nacional en la ciudad de Cali y en el departamento del Valle. Este despliegue se hará en cabeza de oficiales de la más alta experiencia”, indicó en una rueda de prensa.
🎥 #EnVivo | Declaración del Señor Presidente de la República @IvanDuque https://t.co/tZcKdJXcj4
— Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) May 29, 2021
Ese aumento implica triplicar la capacidad de la fuerza pública en tan solo 24 horas en todo el departamento. Una de las misiones centrales de los agentes será desbloquear las vías que han sido taponadas por los manifestantes en el mes de protestas. Actualmente, hay cerca de 7.000 miembros de las fuerzas del orden que están en esas labores, según Duque.
“Islas de anarquía no pueden existir en nuestro país (…) No se puede dejar de hacer ninguna intervención por parte de la fuerza pública ante ningún hecho vandálico”, declaró al respecto el presidente.
Igualmente, anunció un “servicio de asistencia en comunicaciones para que quienes están al frente de esta operación informen cada acción para que haya total transparencia frente al actuar de la fuerza pública”.
«Quiero ser muy enfático en que nuestro país siempre ha mantenido canales para que haya deliberación y concertación frente a las necesidades de la ciudadanía, pero no negociando la constitución y los derechos de los ciudadanos», agregó.
La Alcaldía de Cali ya había decretado un toque de queda desde las 19:00 de este viernes hasta las 5:00 del sábado. Pero Duque aclaró que los gobiernos locales junto con el nacional evaluarán si extienden la medida durante todo el fin de semana.
Una nueva sede de una institución colombiana fue blanco de bombas incendiarias. La Alcaldía de Popayán, una pequeña ciudad en el occidente de Colombia y relativamente cercana a Cali, fue atacada este viernes y varias de sus oficinas ardieron en llamas.
Usuarios de redes sociales compartieron videos de lo ocurrido aparentemente a manos de grupos de encapuchados. En las imágenes compartidas se ve a algunas personas celebrando mientras partes de la sede del Gobierno local se encontraban bajo fuego.
Las autoridades calificaron el hecho como un acto de “vandalismo” y llamaron a un cese inmediato de los disturbios.
“Rechazo que a esta hora se produzcan nuevos eventos de ataques con bombas incendiarias contra la Alcaldía de Popayán y otras instalaciones públicas y privadas. Necesitamos que esta violencia pare de inmediato”, escribió el alcalde Juan Carlos López, en su cuenta de Twitter.
Ante la situación, la Alcaldía ordenó un toque de queda que comenzó desde las 18:00 y hasta las 5:00 (hora local) del 29 de mayo.
Esta agresión se produce justo después de que el pasado martes, 25 de mayo, un grupo de personas quemara el Palacio de Justicia de Tuluá, un municipio cercano a Cali, en un hecho que incluso el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, calificó como “actos terroristas”.
Popayán es la misma ciudad donde una mejor de edad se suicidó después de decir que agentes policiales habían abusado sexualmente de ella.
Por su parte, organizaciones vinculadas al Paro Nacional aseguraron tener pruebas de que el incendio fue ocasionado por grupos de civiles armados ajenos al movimiento.
Hasta el momento, al menos tres personas han sido detenidas por su presunta participación en el incendio de Tuluá.
Además de los hechos que han ocurrido este viernes, la comunidad internacional ha expresado su rechazo a la violencia durante un mes de protestas que hasta el jueves dejaba al menos 43 personas muertas, según cifras de la ONG local Temblores, que coincide con la entregada por la Fiscalía.
Organismos internacionales también han alertado sobre desapariciones, detenciones arbitrarias y agresiones sexuales como hechos preocupantes que violan los derechos humanos.
Durante su encuentro en Washington con la vicepresidenta colombiana, Marta Lucía Ramírez, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, expresó su “preocupación” por las muertes durante las movilizaciones y reiteró “el incuestionable derecho de los ciudadanos a protestar pacíficamente», según detalló el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, en un comunicado.
Este rechazo se une al que hizo en su momento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que expresó su preocupación por la “grave crisis que enfrenta Colombia” y condenó las violaciones de derechos humanos registradas durante las protestas.
La entidad incluso solicitó la autorización para enviar a un equipo de observadores y analizar los niveles de violencia. Inicialmente, la vicepresidenta Ramírez denegó la visita argumentando que era mejor esperar a que las entidades locales concluyeran las investigaciones, pero tras una oleada de críticas, dijo que el Gobierno colombiano espera la visita en el momento en el que la CIDH disponga.
Entretanto, distintas organizaciones civiles y miles de manifestantes piden que avancen las negociaciones entre el Gobierno del presidente Iván Duque y el Comité Nacional del Paro, para concretar solución a las peticiones que abogan por mejoras en salud educación y el fin de la violencia policial, entre otras.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a levantar más de 2.600 bloqueos en carreteras y ciudades, condición del Gobierno para continuar hacia una negociación, y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) exige un trabajo activo para dar con el paradero de al menos 190 personas reportadas como desaparecidas en el marco de las movilizaciones.
Colombia cumple un mes de estallido social que ha derivado en una de las crisis más profundas de su historia reciente con la mirada puesta en las violaciones a derechos humanos.