Alberto Fernández y su secretaria legal y técnica trabajan en la versión final del proyecto, adelantado en el discurso de apertura de sesiones
El presidente Alberto Fernández tiene prácticamente lista la versión final del proyecto de reforma judicial del gobierno y está previsto que la misma llegue a la Cámara baja la semana entrante. De todas maneras, sería sólo una presentación ya que desde el Congreso remarcaron que no es sencillo tratar un proyecto tan importante de forma remota.
Hasta el momento, los únicos que conocen cómo quedó redactada la iniciativa son el presidente y su secretaria legal y técnica, Vilma Ibarra. Aunque el 1º de marzo en la apertura de sesiones, el mandatario ya había dado algunos lineamientos que seguiría en esta materia.
El eje principal que se busca es la creación de un nuevo fuero federal penal para que no quede todo concentrado en los jueces de Comodoro Py. Se trata de causas de corrupción política, narcotráfico y lavado de dinero. «Los delitos contra la administración pública dejarán de estar en manos de unos pocos jueces, para pasar a ser juzgados por más de medio centenar de magistrados», había remarcado Fernández.
Según publicó La Nación este domingo, la reforma pretende reordenar los tribunales, con fusiones de fueros, creaciones de nuevas salas y redistribución de competencias. Hasta ahora, Comodoro Py trabaja con 12 juzgados y dos de ellos están vacantes. Para poder aumentar la cantidad hasta la planteada por el presidente podrían incorporarse a los federales jueces penales que tratan casos «ordinarios» con jurisdicción en Capital Federal.
Si bien el contenido exacto de la iniciativa aún no lo han visto más que el Presidente y su secretaria legal, desde el kirchnerismo han vetado algunas de las ideas durante el proceso de confección. La Nación reveló que la posibilidad de fusionar Comodoro Py con el Penal Económico fue resistida por el oficialismo.
Otro cambio que ya se había anunciado es el de darle más recursos al fuero Contencioso Administrativo, quienes tramitan las demandas contra el Estado y pueden decidir sobre recursos públicos. El mandatario aludió a una fusión con la Justicia Civil y Comercial Federal.
La creación de nuevas fiscalías y juzgados especializados en delitos complejos, sobre todo narcotráfico, también estaría contemplada en la iniciativa. Los mismos se establecerían en puntos específicos de la Nación, como Rosario y San Lorenzo, Salta. También algo que se adelantó el discurso de la apertura de sesiones.
La reforma pretende una transformación de fondo en la Justicia al conceder más poder a los fiscales para investigar y colocar a los jueces como «ordenadores» o «árbitros» del proceso. Fernández aseguró que su proyecto busca darle músculo al Ministerio Público Fiscal. El plan oficial se completaría con la designación del actual juez Daniel Rafecas al frente de la Procuración General.
Por último, se supo que este proyecto no prevé cambios en la Corte Suprema ni una reforma del Consejo de la Magistratura, órgano que selecciona, investiga y remueve jueces.
Con información de Maia Jastreblansky para La Nación