El pleno del Parlamento Europeo instó hoy a la Unión Europea (UE) a imponer más sanciones a Venezuela por la «represión» en el país, después de que se conociera la muerte provocada por torturas del capitán Rafael Acosta Arévalo, quien estaba bajo custodia de las fuerzas de seguridad venezolanas.
La resolución, que fue aprobada con 455 votos a favor, 85 en contra y 105 abstenciones, reitera también su total apoyo al que considera presidente «encargado» Juan Guaidó, y a la Asamblea Nacional, y respalda el proceso de facilitación impulsado por Noruega, que debería conducir a celebrar unas elecciones libres, transparentes y creíbles.
La Eurocámara considera que las autoridades europeas deben restringir los movimientos y congelar los activos y visados de las autoridades venezolanas responsables de violaciones de derechos humanos y represión, así como los de sus parientes más cercanos.
La resolución, uno de los primeros textos aprobados en esta legislatura en el Parlamento Europeo, recibió el apoyo del Partido Popular Europeo (PPE), la Alianza de Socialistas y Demócratas (S&D), Renovar Europa (RE) y el grupo de Conservadores y Reformistas (ECR), informó la agencia de noticias EFE.
Los eurodiputados condenan la represión y violencia en el país y expresan su solidaridad con el pueblo venezolano y sus «más sinceras condolencias» a la familia y amigos de las víctimas mortales, como el capitán Acosta.
Según denunció la oposición y sus abogados defensores, el militar fue torturado hasta la muerte tras su arresto ocho días antes por su supuesta participación en un plan para derrocar al presidente venezolano, Nicolás Maduro.
El Parlamento subraya además la responsabilidad directa de Maduro y sus fuerzas armadas y de inteligencia en el «uso indiscriminado de la violencia» para reprimir la transición democrática en el país.
«En línea con el informe de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre las violaciones de las libertades fundamentales en Venezuela, (el Parlamento) pide un mecanismo independiente para investigar ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo en operaciones de seguridad», señala la resolución, que reclama también que los responsables de las mismas rindan cuentas.