Integrantes del Frente de Todos de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia emitieron un dictamen en el Congreso
Los integrantes del Frente de Todos de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia arribaron hoy a un dictamen de mayoría por el que se aprobó un informe que denuncia la existencia de una «estructura mafiosa» durante el mandato presidencial de Mauricio Macri que se dedicó al espionaje ilegal para «la extorsión y la persecución política».
Además, el informe recomendó al Congreso la creación de otra comisión bicameral que se aboque específicamente de «examinar los vínculos y conductas que un puñado de jueces, fiscales, camaristas y miembros de la Corte», a quienes se acusa de haberse «desviado de las normas constitucionales afectando el Estado de Derecho».
En el informe se detalló que 308 personas fueron víctimas de este «plan sistemático de inteligencia ilegal», cuya cabeza eran las autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la cual -siempre de acuerdo al informe- articulaba con la «mesa judicial» conducida por el propio Macri.
También habrían sido blanco del espionaje ilegal 170 organizaciones políticas, gremiales, comunitarias, sociales y religiosas, de acuerdo a la investigación.
Los integrantes de Juntos por el Cambio no firmaron el dictamen de mayoría al aducir que la investigación excede las facultades de una comisión del Congreso.
«Se estructuró de modo sistemático un modo de acción que se desarrolló a través de células (de inteligencia) paralelas dentro del propio Estado, usando recursos del Estado pero dejando de lado la estructura formal», detalló el presidente de la comisión, el diputado nacional del Frente de Todos, Leopoldo Moreau, durante una conferencia de prensa en la Cámara baja.
El radical kirchnerista mencionó como presuntas células de inteligencia clandestina a la banda conocida como «Super Mario Bros» y el grupo D Alessio, entre otras, y sostuvo que actuaron en distintos ámbitos como la AFIP, la UIF, Migraciones y en el Servicio Penitenciario Federal para espiar a los denominados «presos K» y a sus abogados.
«La AFI, a través de Gustavo Arribas (ex jefe de los espías) operaba como polea de transmisión para llevar a la mesa judicial el conjunto de estas informaciones», indicó Moreau, que detalló que la mesa judicial se reunía «aproximadamente cada 15 días» con el propósito de discutir sobre la información recolectada del espionaje ilegal y para decidir nuevos blancos a espiar.
La investigación del oficialismo señala que «las células paralelas, cuyo reclutamiento comenzó en los primeros meses de 2016, eran una serpiente de varias cabezas que luego se fundían en la conducción de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)».
En la ronda de prensa, Moreau explicó que el reclutamiento se dio entre agentes de fuerzas de seguridad y en particular de la Policía de la Ciudad.
El legislador del Frente de Todos insistió en que el objetivo de esta organización paralela dentro del Estado era la «extorsión de naturaleza política y en algunos casos de naturaleza económica», además de «tratar de influir sobre la opinión pública y sobre las personas».
Consultado sobre por qué Juntos por el Cambio se negó a acompañar el dictamen del oficialismo, Moreau aclaró que no manifestaron «objeciones sobre el contenido» de la investigación sino que tomaron distancia al entender la comisión no tiene atribuciones para conducir una investigación de este tipo.