Un numeroso grupo de dirigentes políticos, sindicales e intelectuales oficialistas y de sectores ideológicamente afines dieron a conocer este martes una proclama en la que proponen al Gobierno una serie de pautas para la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La iniciativa busca, entre otros objetivos, marcarle la cancha al Gobierno -y en especial al ministro de Economía Martín Guzmán- para que suspenda los pagos al organismo internacional mientras dure la emergencia sanitaria, y utilice los recursos disponibles para la atención de los problemas sociales, económicos y el cuidado de la salud.
La «Proclama del 25 de Mayo» fue motorizada por la diputada nacional Fernanda Vallejos, quien reunió firmas como las del ex juez Raúl Zaffaroni, el ex vicepresidente Amado Boudou, la dirigente social Milagro Sala y los jefes sindicales Héctor Daer, Hugo Yasky y Pablo Moyano.
Entre los firmantes también aparece el economista y miembro del directorio del Banco Nación Claudio Lozano, el diputado nacional Itai Hagman, el periodista Víctor Hugo Morales, la ex embajadora Alicia Castro, la ministra de Gobierno bonaerense Teresa García y los gobernadores Gildo Insfrán y Gustavo Melella.
Además de la «suspensión de los pagos por capital e intereses con el FMI y el Club de París, mientras se extienda la emergencia sanitaria», los firmantes exigen «reprogramar los vencimientos con todos los organismos financieros internacionales con plazos acordes a las verdaderas posibilidades de pago del país».
https://twitter.com/fvallejoss/status/1397204266964631556
También piden «renegociar la disminución de intereses, cargos y comisiones previstos en los acuerdos vigentes».
Proponen utilizar la cuota que le correspondería a la Argentina (estimada en aproximadamente 4.350 millones de dólares) de la emisión esperada de Derechos Especiales de Giro (DEG) por parte del FMI para «fortalecer las reservas internacionales del Banco Central, aliviando las restricciones que limitan la atención de los graves problemas derivados de la pandemia Covid-19 y privilegiando la salud, educación, vivienda, trabajo, reducción de la pobreza e indigencia, entre otros y no al pago de la deuda por capital, intereses o gastos».
En este sentido, el grupo de dirigentes cierra filas detrás del proyecto de declaración impulsado por Oscar Parrilli, mano derecha de Cristina Kirchner en el Senado, para imponer un cerrojo a los fondos que aportará el FMI.
Se suman al petitorio otras puntos como el apoyo a la querella criminal iniciada por el Gobierno Nacional contra los funcionarios actuantes del anterior gobierno en la obtención del préstamo «stand by» con el FMI, así como la investigación del destino de esos fondos para «identificar a los responsables de la fuga de capitales».
Por último, exigen al FMI que «brinde todo el apoyo para continuar con las investigaciones, determinar y diferenciar deuda legítima de ilegítima y que, asimismo, colabore en encontrar los fondos fugados del país».
Con esta batería de pedidos y bajadas de línea, el kirchnerismo intenta condicionar y limitar el rango de acción de Guzmán en la compleja y delicada renegociación de la deuda con el FMI, para evitar que termine prevaleciendo una salida fiscalista de ajuste que empeore los indicadores de pobreza que ya son críticos en el país.
Lee la proclama completa acá.