El intendente de Paraná, Sergio Varisco (Cambiemos), será sometido a un juicio oral en el marco de una causa que lo investiga por el supuesto financiamiento a bandas dedicadas al narcotráfico y que tiene detenidos a un concejal y a otros funcionarios del municipio, informaron este jueves fuentes judiciales.
La resolución comunicada hoy a las partes del proceso fue dictada ayer por el juez federal de la capital entrerriana, Leandro Ríos, quien rechazó los planteos de nulidad presentados por la defensa de Varisco.
En su resolución, el magistrado consideró que el requerimiento del fiscal federal Carlos García Escalada de elevación a juicio «concuerda con las constancias de cargo acumuladas al sumario y guarda debida relación con la imputación efectuada».
El juez resaltó que Varisco, el concejal Pablo Hernández (Cambiemos) y la subsecretaria de Seguridad municipal, Griselda Bordeira, entre otros imputados, fueron procesados por «financiamiento, comercialización y adquisición de material estupefaciente».
Asimismo, indicó que «debe mantenerse la calificación seleccionada por el fiscal federal», quien a principio de mes agregó a la acusación el delito de «peculado».
En la acusación de la fiscalía, el intendente de Paraná figura como «financiador y adquiriente» de la droga, el concejal Hernández como «adquiriente colaborador» y la agente policial Bordeira como «adquiriente colaboradora».
En el expediente también están imputados Daniel «Tavi» Celis, su ex pareja, Luciana Lemos; Eduardo Celis; Nahuel Celis; Wilber Figueroa Lagos; Jonathan Heintz; Juan Manuel Gómez; Ernesto González; y a Alan Nicolás Viola.
«Tavi» Celis es considerado por la justicia federal como «organizador, proveedor y financiador»; Lemos y Nahuel Celis como «colaboradores y asistentes»; y Eduardo Celis como «almacenador y colaborador».
Por su parte, Figueroa Lagos está acusado de ser «proveedor», Gómez «adquiriente revendedor», González «adquiriente colaborador» y Viola «colaborador».
La investigación se inició el 28 de mayo de 2017 cuando fue detenido «Tavi» Celis, en momentos en que una banda descargaba más de 317 kilos de marihuana de una avioneta en la localidad de Colonia Avellaneda, cerca de Paraná.
A comienzos de mayo de 2018, la Justicia allanó la Municipalidad de Paraná, la Legislatura y varios domicilios vinculados al intendente, diligencias en las que se obtuvieron elementos que se sumaron a la causa y derivaron en los procesamientos.
Para el juez Ríos, personas comandadas por «Tavi» Celis, junto a Varisco, Bordeira y Hernández, «comercializaron de manera conjunta y organizada cocaína en diversas cantidades», con funciones de «organización, financiación, provisión, distribución, aprovisionamiento, almacenamiento, abastecimiento, venta, reventa y compra» en Paraná y Concordia, y desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Según el magistrado, «Tavis» Celis era «quien adquiría el estupefaciente, financiaba la actividad de comercialización con fondos provenientes del acuerdo celebrado en septiembre de 2017 con el intendente de Paraná» con el resto de los procesados vinculados a la función pública.
Al momento de su procesamiento, Varisco aseguró que «la verdad será descubierta y muchos tendrán que pedir perdón» y que él sentía «mucha tranquilidad».
Además, la Justicia dictó un embargo de 1 millón de pesos sobre los bienes de Varisco en caución real para mantener su excarcelación y dispuso que ya que ejerce «el cargo de presidente municipal de Paraná, (…) se mantenga en el estado de libertad».
Mientras que «Tavi» Celis declaró durante la instrucción de la causa que «Varisco no tiene ninguna vinculación con la causa que se le imputa» y que desconocía «si es adicto o no porque esas son cosas personales de él».
Estos dichos fueron utilizados luego por los abogados del intendente, Miguel Ángel Cullen y Rubén Pagliotto, para solicitar el sobreseimiento de su defendido, lo cual fue finalmente desestimado por la Justicia.