El intendente de Paraná, Sergio Varisco, quedó imputado hoy como financiador del transporte y comercialización de drogas, mientras que una funcionaria de su gabinete y un concejal local quedaron detenidos en el marco de esta causa, informaron fuentes judiciales.
Se trata de la subsecretaria de Seguridad de Paraná, Griselda Bordeira, y el edil de Cambiemos Pablo Hernández, quienes quedaron detenidos luego de ser indagados por el juez federal Leandro Ríos.
Varisco (Cambiemos) prestó también declaración indagatoria ante el magistrado, pero no fue detenido, y al retirarse de los tribunales de la capital entrerriana aseguró que no forma parte de «ninguna banda».
«Estoy a disposición de la Justicia, respondí todas las preguntas que me hicieron, vine como corresponde y me retiro», sostuvo el intendente de la capital entrerriana tras permanecer durante tres horas en los tribunales situados en la calle 25 de Mayo.
Mientras estas indagatorias se realizaban, efectivos de la división Lavado de Dinero de la Policía Federal Argentina (PFA) allanaron dependencias de la sede comunal de Paraná.
Las oficinas allanadas fueron las direcciones generales de Recursos Humanos, de Sistemas y Comunicaciones, de Cómputos, de Despacho Presidencia -todas estas ubicadas en el edificio de la Municipalidad-, la Dirección de Liquidaciones de Haberes y la Dirección General de Tesorería del Gobierno Municipal; estas dos últimas en distintos inmuebles, precisaron fuentes policiales.
Al respecto, Varisco dijo a la prensa que se trata de «disposiciones judiciales» y reiteró que no tiene «nada que ocultar».
Por su parte, uno de los defensores del intendente, Miguel Ángel Cullen, dijo que Varisco está acusado de «haber participado junto a un banda narco de la comercialización de estupefacientes».
«Está siendo imputado, acaba de prestar su indagatoria, que es un acto de defensa. Recién conocimos la imputación y ahora comienza el trabajo de los abogados para demostrar que Varisco no tiene nada que ver con el hecho que se le imputa», aseguró el abogado.
Otro de los letrados del jefe comunal, Rubén Pagliotto, dijo que Varisco «se prestó a las preguntas, respondió las del juez, el fiscal y también las de sus abogados defensores, sin limitaciones».
El letrado estimó que el magistrado se tomará ahora diez días hábiles para resolver la situación procesal del intendente.
«Quienes creían que le quedaban contadas las horas de libertad se equivocaron. Si hubiese elementos, hubiera quedado detenido. El juez fue claro al decirle que quedaba en libertad, que siguiera su vida normal. Sólo tiene que venir todos los viernes a firmar el libro de partes. Y si por sus funciones se aleja más de setenta y dos horas de la provincia debe avisar», precisó Pagliotto.
Sobre los allanamientos realizados hoy, el abogado dijo que se concretaron en diferentes áreas del municipio en busca de «material relacionado a contratos y órdenes de pago» y confirmó que a Varisco se lo imputa «por un concurso de hechos que pasan por el transporte y comercialización de estupefacientes, en los que él aparecería como financiador».
«La idea de Varisco es aclarar esta situación, porque un intendente no puede administrar la ciudad bajo un estado de sospecha», concluyó.
En tanto, la PFA trasladó esta tarde al concejal Hernández a la Unidad Penal 1 de Paraná y a la secretaria Bordeira a la 6 de la misma ciudad.
«Desde el primer día, el Presidente de la Nación nos manifestó la intención de que este Ministerio trabajara sin reparar en el hecho de que alguien integre un partido político u otro», afirmó esta tarde en un comunicado de prensa la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.
Y en ese sentido agregó: «En nuestro gobierno el que las hace, las paga, y los funcionarios que tengan cualquier tipo de contacto con el narcotráfico dejan de ser funcionarios para ser narcotraficantes.»
La causa que lleva adelante el juez Ríos comenzó en mayo del año pasado tras el hallazgo de una avioneta con 317 kilos de marihuana en un campo de Colonia Avellaneda, localidad vecina a Paraná.
Por ese hecho se encuentra detenido Daniel «Tavi» Celis, acusado de liderar la banda que contrabandeó esa droga, junto a otros sospechosos.
En el marco de esa pesquisa, y a raíz del análisis de los mensajes en los teléfonos secuestrados al detenido y otros elementos, a principios de mayo el juez ordenó un allanamiento en la Municipalidad, el Concejo Deliberante y varios domicilios de Paraná, entre ellos el de Varisco, el de su madre y los de otros funcionarios.
Luego de analizar los elementos secuestrados, Ríos citó a declarar a Varisco, al concejal Hernández y a la funcionaria Bordeira, entre otros.
La sospecha es que hubo un nexo entre al menos un concejal con el detenido Celis, de quien se cree que manejaba el negocio del narcotráfico en Paraná desde prisión a través de su esposa, Luciana Lemos, también apresada.