El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) presentará el 7 de marzo próximo el primer informe del Registro Único de Casos de Violencia contra las Mujeres (Rucvm), una base de datos que reúne y sistematiza información de registros públicos de diferente tipo y de todo el país, anunció hoy el organismo.
«Este es el inicio de un nuevo producto estadístico que aportará el Indec, que se publicará en forma anual. Se trata de una base viva, que está en permanente cambio y que toma como fuente los registros de organismos oficiales, desde la policía al hospital», detalló Fernando Cerro, Director Técnico del Indec.
Y continuó: «Es importante remarcar que, hasta el momento, el registro releva casos teniendo en cuenta cada contacto de la mujer con el organismo público y no arroja número de víctimas, porque entendemos que una misma mujer puede haber llamado al 144 y hacer la denuncia policial después, lo que para nosotros se trataría de dos casos».
En ese sentido Gladys Massé, directora nacional de Estadísticas Sociales y Población, describió que «se trata de un registro con una metodología de construcción novedosa, porque no surge a partir de un censo o una encuesta sino que parte de lo que está y sobre eso se hace el análisis estadístico».
El análisis contempla el universo de mujeres y mujeres trans mayores de 14 años que hayan registrado alguno de los tipos de violencia contemplados en la Ley de Protección Integral a las Mujeres (26.485), ya sea en un llamado para pedir asesoramiento como en una emergencia, denuncia policial, judicial o en registros hospitalarios.
Los datos provienen de organismos de los tres poderes y de los tres niveles políticos (nacional, provincial y local).
«La naturaleza heterogénea de los registros hace que no tengamos todas las variables que queremos contemplar.
Desde el Indec estamos trabajando para que cada organismo mejore la registración, pero también vemos que hay casos, como el llamado durante una emergencia, en los que es imposible hacer demasiadas preguntas», señaló Cristina Massa, directora de Estadísticas Sectoriales y quien está a cargo del Rucvm.
La técnica agregó: «Si bien hoy el Rucvm muestra casos, el objetivo es mostrar la cantidad de víctimas, y para eso es necesario que los registros de cada organismo contengan el documento de la mujer para cruzar las bases de datos».
«Ese requerimiento es bastante temido sobre todo por quienes trabajan en la contención de las víctimas, por eso es importante aclarar que ni bien ingresa el registro aquí convertimos el DNI en un jeroglífico al que nadie tiene acceso. Es fundamental aclarar que jamás se viola la Ley de Secreto Estadístico (17.622)», enfatizó.
Así, el 7 de marzo, a las 16, el Indec publicará el primer informe de ese registro, en el que habrá información sobre las edades de las mujeres víctimas, su formación, nivel de ingreso, vínculo con el agresor, y datos similares de éste, entre otras variables.
«El RUCVM se va actualizando constantemente, puede suceder, por ejemplo, que un organismo nos entregue información con datos de 2013 en un par de años, entonces se modifique la estadística de ese año; es decir, es una herramienta que está en construcción», señaló Massa.
Y continuó: «Por estos motivos nosotros no decimos hoy que se trate de una foto de lo que sucede en el país, ya que depende de que la mujer se haya acercado a alguna instancia pública para denunciar y que ese organismo reporte al INDEC».
«Sin embargo es mucho lo que hemos avanzado desde la creación del registro en 2012, muchos organismos han firmado convenio con nosotros y han entregado sus datos y el espíritu del RUCVM es muy completo; confiamos en que se convertirá en una herramienta que permitirá visibilizar la magnitud de un problema social y servirá como insumo para la elaboración de políticas públicas», concluyó la técnica.
Creado en 2012 por la ley 26.485, el Registro difundió en 2015 que, entre enero de 2013 y julio de ese año, llevaba registrados 50.703 casos sólo provenientes de registros de organismos nacionales, de los cuales el 51% de las víctimas no tenía un ingreso laboral propio, a diferencia de los agresores que en un 77% tenían empleo.