Política y Economía

El gobierno santafesino suspendió el acopio de pescado para exportación 


La resolución firmada por los ministros de Ambiente y de Desarrollo Productivo de Santa Fe busca poner un freno a la depredación del recurso ictícola y será por un año. La medida no afecta al mercado interno

El Gobierno de Santa Fe resolvió suspender por un año la exportación de pescado y toda actividad de acopio con fines exportadores, debido a la crisis hídrica prolongada que afecta la reproducción de peces y amenaza la sustentabilidad del ecosistema del río Paraná.

La medida, establecida por la Resolución 332 firmada por los ministros Enrique Estévez (Ambiente) y Gustavo Puccini (Desarrollo Productivo), entrará en vigencia 30 días después de su publicación. Quedan exceptuados los acopios destinados al mercado interno y aquellos que acrediten origen en la acuicultura.

Se trata de la segunda disposición en una semana: días antes, la provincia había decretado una veda total de pesca comercial y deportiva del surubí hasta diciembre de 2025. Diversas figuras políticas, como el diputado Fabián Palo Oliver, apoyaron la decisión y destacaron su carácter histórico.

Los informes técnicos en los que se basa la resolución —elaborados por el Conicet y organismos provinciales— advierten una drástica reducción en la variedad, cantidad y tamaño de especies como el sábalo, cuya última reproducción exitosa data de 2015/2016. En los últimos años, la exportación y la sobrepesca se incrementaron, mientras que los niveles del río Paraná permanecen en valores históricamente bajos.

La resolución cita además el Artículo 33 de la nueva Constitución provincial, que garantiza el derecho a un ambiente sano y sostenible y la responsabilidad compartida de su cuidado entre Estado, ciudadanía y sectores productivos.

Según datos del Senasa, las exportaciones de pescado argentino bajaron de 30 mil toneladas a inicios de siglo a 3.200 toneladas en 2024, reflejando el impacto de la crisis ambiental y la presión sobre el ecosistema.

La provincia plantea que esta suspensión debe ser un punto de inflexión hacia un modelo productivo no extractivo, promoviendo la acuicultura como alternativa sustentable para proteger el recurso ictícola y las comunidades ribereñas.