El Gobierno recortó un 27 por ciento los subsidios económicos destinados a los servicios públicos como el transporte y la energía en el primer bimestre, al profundizar su estrategia de reducción del gasto público.
Así lo señaló la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) en un informe en el que analizó el comportamiento de ejecución presupuestaria durante los dos primeros meses del año.
Las transferencias de carácter económico para el financiamiento de gastos corrientes y de capital de empresas públicas, fondos fiduciarios y el sector privado sumaron 14.900 millones de pesos en el primer bimestre de 2018, registrando una retracción del 23% anual.
Ese recorte le significó al Estado un ahorro de unos 4.500 millones de pesos que serán compensados por los usuarios y consumidores a través del pago de tarifas y precios más elevados (por encima de la inflación general) que un año atrás.
En 2017 esas transferencias habían registrado una baja del 24% anual.
A su vez, las transferencias de carácter corriente (subsidios), que constituyen la porción dominante (unos 12.300 millones de pesos), mostraron una baja aún mayor, del 27% anual, en línea con el comportamiento observado un 2017, dijo ASAP.
En primer lugar, los subsidios al transporte alcanzaron los 9.000 millones de pesos entre enero y febrero, arrojando una retracción por primera vez en dos años del 10% interanual, equivalente a los 1.000 millones de pesos.
Al transporte automotor, el Gobierno le recortó unos 4.500 millones de pesos (equivalente al 20% interanual) en el primer bimestre y al ferroviario le redujo el presupuesto en unos 4.460 millones de pesos (lo que significó una baja del 15%).
En segundo lugar, los subsidios al sector energético sumaron cerca de 2.300 millones de pesos en el primer bimestre, lo que representó una baja del 63% anual.
A diferencia de 2017, las transferencias dirigidas al denominado «Plan Gas» tuvieron una ejecución muy baja, al alcanzar solo los 228 millones de pesos contra los 5.584 millones del mismo período de 2017.
Como contrapartida, se asignaron 1.000 millones de pesos a la empresa estatal ENARSA (versus cero peso en igual período de 2017), responsable de la compra de gas importado para el abastecimiento del mercado interno.
También se destinaron 327 millones de pesos al Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas Licuado de Petróleo de Sectores de Bajos Recursos (con una expansión del 42,7% anual), que financia al Programa Hogares con Garrafa.
También hubo 248 millones de pesos para a Yacimientos Carboníferos de Rio Turbio (lo que representó una baja del 15,4% anual) y 57 millones de pesos para la Entidad Binacional Yacyretá (contra cero peso en febrero de 2017).