El gobierno español del socialista Pedro Sánchez busca modificar la ley de Memoria Histórica para impedir que los restos del dictador Francisco Franco reposen en un lugar abierto al público, como la catedral de La Almudena, bajo la amenaza de sanciones o incluso su cierre.
Así se desprende de las enmiendas que el Partido Socialista (PSOE) de Sánchez presentará en el Congreso de los Diputados durante el trámite de la reforma de esa ley, que también dará autorización a la exhumación de los restos de Franco, publica hoy la prensa local.
Con esta reforma, el Ejecutivo de Sánchez da un nuevo paso en la batalla que lo enfrenta a la familia del dictador, que mantiene su intención de enterrarlo en la catedral madrileña una vez exhumado del Valle de los Caídos.
El Vaticano manifestó recientemente que no se opone a la exhumación, pero matizó respecto de su compromiso de evitar que los restos de Franco terminen en La Almudena, donde su familia posee una cripta en la que ya está enterrada la hija del dictador.
El hecho de que los restos de Franco sean retirados del Valle de los Caídos, situado a más de 50 kilómetros de la capital, pero puedan ser enterrados en la catedral, que se encuentra en una de las zonas más concurridas y de fácil acceso para sus simpatizantes, generó una enorme polémica.
El PSOE quiere impedir que fracase una de sus políticas más simbólicas, de ahí que pretende que la ley sea tajante al respecto.
Por eso, la reforma hará mención especifica a que los restos del dictador no podrán yacer en un lugar de acceso al público, como la cripta de La Almudena, porque esto iría en contra del espíritu de la ley de Memoria Histórica, que debe evitar la exaltación del dictador.
Asimismo, con la intención de garantizar su objetivo -y persuadir a la Iglesia para que colabore- los socialistas españoles incluirán otra modificación legal para responsabilizar a los titulares de los espacios públicos cuando se produzcan actos de exaltación del franquismo.
La responsabilidad no sólo implicará el pago de multas sino también el «cierre temporal o definitivo de dichos espacios públicos, cualquiera que sea su titularidad», explica el diario El País, citando fuentes socialistas.
De esta forma, el gobierno de Sánchez podría cerrar una Iglesia o cementerio donde se congreguen los nostálgicos de la dictadura franquista.
El PSOE, que se encuentra en minoría parlamentaria, en principio no tendrá grandes dificultades para sacar adelante este proyecto, puesto que contará con el apoyo de la coalición de izquierda Unidos Podemos, los nacionalistas vascos y separatistas catalanes.
Por su parte, los conservadores del Partido Popular (PP) y los liberales de Ciudadanos se mantienen en una posición de abstención, ya que no comparten el plan pero tampoco se oponen a él de forma frontal.