El gobierno provincial confirmó este viernes que descontará el día no trabajado a todos los agentes de las distintas reparticiones de la administración pública provincial, incluyendo los de la administración central, organismos descentralizados, empresas estatales, salud y educación, en el marco de las medidas de fuerza anunciadas.
Asimismo, el Poder Ejecutivo recordó que deberá garantizarse la prestación de servicios esenciales como las guardias de salud pública y el servicio en comedores escolares.
El anuncio llega en respuesta a la nueva medida de fuerza que dictaron los diferentes gremios para el martes y miércoles de la semana próxima, a realizarse en toda la provincia. Tanto los sindicatos del estado, ATE y UPCN, como los trabajadores municipales, y el gremio docente de Amsafé, participarán de las jornadas de huelga.
Según adelantaron, la idea es hacer una marcha conjunta, a partir de las 10 del martes o miércoles, aunque en el caso de los municipales, irán hasta la puerta del Palacio Municipal.
«Es una lucha por la dignidad»
«El gobernador comete un grave error en no admitir que los paros son producto del enorme deterioro que ha sufrido el poder de compra de los salarios, a causa de las políticas neoliberales del gobierno nacional», declaró en diálogo con CLG Jorge Hoffmann, secretario general de ATE, a la vez de que mencionó que a esta situación «se le suma el retraso que tenemos en términos de inflación, ya que estamos cobrando con dos meses de retraso lo que ha sido la cláusula gatillo».
«Es una lucha por la dignidad del trabajador público y no puede sancionar a quienes con mucha justicia llevamos adelante un reclamo», apuntó el dirigente gremial, y añadió: «Esta situación genera mayor malestar en el mundo del trabajo, en lugar de buscar juntos un acuerdo para obtener una política salarial digna».
La propuesta del gobierno provincial durante la mesa de diálogo con estatales fue de un 10% de incremento sobre el sueldo de febrero y la continuidad de la cláusula gatillo, según sostuvo el ministro de Gobierno Pablo Farías.
Pero para Hoffmann, la realidad es otra: «No es el 10% porque dentro de ese porcentaje se incluye el 2,6% que corresponde a la política salarial del año pasado, por lo tanto es una deuda que tiene el gobierno«.
A su vez, el titular de ATE rechazó la nueva cláusula que quiere utilizar el gobierno, dejando atrás el modelo que se actualizaba según el nivel general de precios: «Plantean una cláusula de actualización de los salarios que se vincula en función de los ingresos fiscales, con un mecanismo que hasta técnicamente es difícil de implementar y que nos llevaría a estar en negociación permanente todo el año».