Los ministros Luis Petri (Defensa) y Patricia Bullrich (Seguridad) presentaron una serie de proyectos, entre los que se destaca la pena contra los organizadores de piquetes
El Gobierno Nacional avanzó en la modificación de la Ley de Seguridad Interior que amplía las facultades de las fuerzas armadas en caso de «terrorismo» y enviará una serie de proyectos de ley al Congreso con los que busca combatir la inseguridad.
Los ministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa) anunciaron en conferencia de prensa que las medidas fueron adoptadas a raíz de “la crítica situación en la ciudad de Rosario», por lo que el Poder Ejecutivo avanzó en el envío de fuerzas federales.
Petri aseguró que ante la detección de actos terroristas, el presidente Javier Milei los instruyó para “actuar con total fuerza del Estado” y realizar una tarea coordinada que involucre a todos los poderes. El accionar implica la modificación de la Ley de Seguridad Interior para “permitir que las Fuerzas Armadas puedan intervenir y garantizar operaciones de seguridad interior en un supuesto particular que es el de terrorismo”.
“Estamos impulsando en el Congreso Nacional una nueva legislación para que tengamos alternativas para que las Fuerzas Armadas, ante supuestos muy específicos, puedan realizar un mayor apoyo a las tareas de seguridad interior”, amplió además.
El titular de Defensa aclaró que las Fuerzas Armadas solo podrán intervenir “solo si el Comité de Crisis define que existen actos terrorista y con la anuencia del gobernador de la provincia donde se pueda actuar”. “No es para delitos comunes”, argumentó.
Según precisaron los ministros, la intención avanzar en la modificación del Código Penal, por eso, en la previa se enviarán tres leyes autónomas caracterizadas como “necesarias”, además de la nueva de Seguridad Interior: la Ley Antimafias, la de Reiterancia y la modificación en el registro de ADN.
Se trata de una serie de medidas contempladas en la Ley Ómnibus que, amparado en su carácter de urgencia, el Gobierno optó por enviarlo en un paquete específico y acotado.
Penas para los organizadores de piquetes
En otro pasaje de la conferencia, Bullrich sostuvo que avanzará en la reforma del artículo 194 del Código Penal, para aumentar las penas de 4 a 6 años para aquellos que organicen manifestaciones, «que instiguen al corte de calles, que obliguen a la gente a participar de las manifestaciones bajo promesas de remuneración, y amenazas».
Bullrich reveló además que la condena podrá llegar a los 6 años si se las movilizaciones se llevan adelante “mediante intimidación, simulando autoridad pública o falsa orden de la autoridad, bajo promesa de remuneración o bajo amenaza de quita o de asignación de un beneficio, plan, subsidio de cualquier índole, obliguen a otro a asistir, permanecer o alejarse de una movilización o protesta”.
En la misma línea, remarcó que los bloqueos a comercios, industrias y a cualquier tipo de establecimiento serán penados con 4 hasta 6 años de prisión. “Hay mecanismos institucionales, el derecho a la huelga y a impedir que las empresas trabajan es algo que va a estar agravado ”, argumentó.
Otras leyes
Respecto a la presentación de la Ley Antimafias, Bullrich destacó que se trata de una norma desarrollada en Italia y aplicada en El Salvador en el que se penan los hechos que se encadenan para cumplir con los objetivos de las bandas criminales. «El hecho individual no es lo que determina la pena, sino aquellos que participan de una organización y que son los que cometen distinto tipo de delitos encadenados para el objetivo que tiene esa organización criminal”, afirmó.
“¿Qué significa organización criminal? Es una organización que tiene en vilo a una zona o a un barrio y allí ya no rigen las leyes de la nación, sino las leyes de este grupo narco o lo que fuera”, completó además.
En la misma sintonía, planteó en la necesidad de implementar modificaciones en el registro de ADN para ampliar a los delincuentes a los que se los impute. “Hoy en Argentina funciona para los condenados por delitos sexuales. (Ahora) Cada uno de los delincuentes que entren en una dependencia policial, que comience con una imputación, se le va a hacer una prueba de ADN y va a estar en un sistema que nos ha donado el FBI. No solo sirve para imputar, sino para desvincular a personas inocentes de una investigación”, sostuvo.
La ministra insistió en avanzar con la Ley de Reiterancia, aplicada en la provincia de Mendoza, en la que “reiterás el delito y vas preso”. «Con esto cortamos con la impunidad que siente la gente”, argumentó.
Por último, el Gobierno busca modificar la ley de legítima defensa: “Para eso hemos plantado un artículo 34, para cambiar esta idea de que los policías terminan siendo los victimarios y las víctimas aquellos que comenzaron el hecho delictual”.
A través de la incorporación de elementos sumar elementos, también se contemplará «el caso de que dispara mientras se va alejando del que se defiende. Las fuerzas de seguridad tiene que perseguir al delito y al delincuente, es obligación defender a la sociedad de los delincuentes ,y si los dejan libres sabiendo que están armados es incumplimiento del deber”, concluyó.