Nación emitió un comunicado con la firma del secretario de Comunicación y Prensa tras la resolución a favor de la Ciudad de Buenos Aires por la presencialidad en las escuelas
El Gobierno nacional afirmó hoy que su «propósito es volver cuanto antes a vivir con la mayor normalidad posible», tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que avaló hoy el dictado de clases presenciales en la Ciudad.
«El Gobierno nacional siempre, y también ahora, trabaja priorizando la salud y la vida de argentinos y argentinas. Con esa convicción seguirá trabajando para traer vacunas y vacunar a los y las habitantes de nuestro país, para cuidar la salud pública y la vida, preservando la economía», resaltó el Ejecutivo en un comunicado que lleva la firma del secretario de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi.
El Gobierno emitió una respuesta formal, que consta de 20 puntos para fijar su posición frente al fallo del máximo tribunal, en la que relativizó el pronunciamiento de la Corte y remarcó que sigue vigente el DNU que suspendió la presencialidad, hasta el 21 de mayo, en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
«El DNU explica con claridad los motivos por los cuales se adoptan las medidas allí dispuestas y se encuentra plenamente vigente. Se trata de una norma federal que no ha sido cuestionada judicialmente por el GCBA (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires)», manifestó.
En ese marco, la administración de Alberto Fernández exhortó «a todas las personas a redoblar esfuerzos para dar cumplimiento a las medidas de cuidado y de contención de contagios».
«Nuestro propósito es que podamos volver, cuanto antes, a vivir con la mayor normalidad posible, desarrollando plenamente las actividades que hoy se encuentran temporariamente restringidas por la pandemia. Es lo que más anhelamos y por lo cual trabajamos cada día», enfatizó.
Respecto del pronunciamiento de la Corte, precisó que la sentencia conocida este mediodía «no resolvió un caso particular y concreto, sino que realiza consideraciones indicativas, toda vez que ya no se encuentra vigente el DNU cuestionado».
«El mismo tribunal admite, como ya lo había hecho en la Acordada 6/2020, que el Poder Judicial no cuenta con los instrumentos necesarios para evaluar la idoneidad de los indicadores sanitarios y epidemiológicos y, por lo tanto, las medidas aptas para contener los contagios», subrayó.
En esa línea, el Ejecutivo apuntó: «Con inusitado rigor formal, como si no estuviese en riesgo la salud pública y los derechos subjetivos que de ella derivan, como la vida, la Corte Suprema ha sostenido que, al suspender por quince días las clases presenciales en el conglomerado urbano del AMBA, el Gobierno Nacional se habría basado en consideraciones meramente conjeturales con insuficiente fundamentación».
«Es un deber y un objetivo central de este Gobierno garantizar el derecho constitucional a la educación; y sabemos, sin ninguna duda, que este derecho se ejerce con mayor plenitud cuando se desarrolla en la modalidad presencial con docentes, niños, niñas y adolescentes en las aulas», continuó.
En ese sentido, recordó que «al momento de dictarse el DNU cuestionado, el AMBA exhibía un crecimiento exponencial de contagios mayor al que presentaba el resto del país y el sistema de salud se hallaba fuertemente tensionado».
«Omitir la adopción de medidas oportunas, similares a las que se adoptaron en otros lugares del mundo que registraban un crecimiento de casos mucho menor que el que exhibía el AMBA, hubiese significado aceptar un riesgo de consecuencias irreversibles», amplió.
Al respecto, reiteró que «las distintas jurisdicciones se encontraban facultadas por el DNU entonces vigente para adoptar medidas a fin de mitigar los contagios que crecían en forma exponencial», pero la Ciudad de Buenos Aires «omitió adoptar medidas en ese sentido y el crecimiento de casos en el AMBA generó una situación de alarma epidemiológica y sanitaria que podía llevar, en poco tiempo, a la saturación del sistema de salud».
«Las medidas adoptadas en el decreto mencionado fueron cumplidas por la mayoría de los argentinos y argentinas, y también por los ciudadanos y ciudadanas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pese a que el GCBA desoyó e incumplió, en parte, la norma federal dictada», señaló.
En ese marco, ponderó que tras las medidas establecidas por el presidente Alberto Fernández se verificó «la disminución de la curva de contagios en el AMBA», pero aclaró que «resulta contra fáctico y no puede verificarse qué hubiera sucedido si el Gobierno Nacional no hubiera adoptado medidas a tiempo, ante la pasividad del GCBA».
«El GCBA ha demostrado que ha constatado y comprendido, al menos en parte, la utilidad de las medidas dispuestas, en atención a las últimas disposiciones que implementó y que implican una reducción de la presencialidad en la actividad educativa y, por lo tanto, de circulación de personas, en el marco de la segunda ola de Covid-19», detalló.
Además, destacó que «el gobierno Nacional fue elegido en elecciones democráticas, en el marco del Estado de Derecho, para adoptar las medidas que considera pertinentes para proteger la salud pública y la vida de las personas, así como la oportunidad, mérito y conveniencia de las mismas».
En el escrito, el Ejecutivo puntualizó que «en todo el mundo, frente a la pandemia, las autoridades han debido adoptar en forma urgente y excepcional, medidas de cuidado que implican restricciones, incluyendo cuarentenas, limitaciones a la circulación y suspensión de clases presenciales».
«En el marco de excepcionalidad que estamos viviendo, desde el año 2020 el Gobierno nacional ha debido disponer medidas imprescindibles para fortalecer el sistema sanitario -que se encontraba fuertemente debilitado- y prepararlo para enfrentar la pandemia», reiteró.
Además, precisó que debieron «tomar medidas urgentes, extendidas y anticipatorias para contener y mitigar los contagios a fin de evitar la saturación del sistema de salud con el consiguiente aumento de la mortalidad», y agregó: «También se han adoptado medidas necesarias de contención económica y social».
Por último, realizó un repaso de la situación sanitaria de la Argentina frente a la pandemia, y puntualizó: «En Argentina hay más de 3 millones de casos y debemos lamentar la muerte de más de 64.800 personas».