La empresa Acindar está siendo sometida a una investigación oficial por presuntas conductas anticompetitivas y podría ser expuesta al pago de una multa multimillonaria en el futuro. Lo reveló la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) al dar a conocer el proceso de investigación que le fue solicitado por el secretario de Comercio, Miguel Braun, en abril de 2017.
De la investigación preliminar surgió, hasta el momento, que la compañía tendría una posición dominante en el mercado de aceros no planos y habría indicios de que podría estar abusando de ello.
Acindar cuenta con una participación estable en la producción nacional del 68 por ciento, según el promedio obtenido por la CNDC entre los años 2013 y 2016. Asimismo, el informe de la oficina pública indica que el 65 por ciento de la distribución de la producción de Acindar está en manos de firmas que tienen contratos de exclusividad con la acería.
El presidente de la CNDC, Esteban Greco indicó que los precios de la empresa en el mercado interno llegaron a estar hasta un 40 por ciento por encima de la Paridad de Importación, por lo que se están buscando las causas para establecer si hubo «sobreprecios».
La investigación se enfocará en la actividad de Acindar y se iniciará la recopilación de informaciones de carácter no público de la propia empresa y sus distribuidores, del resto de los proveedores de aceros no planos y de consumidores potencialmente afectados.
La investigación buscará constatar si hay o no abuso de posición dominante por parte de Acindar, particularmente como efecto de los contratos de distribución exclusiva que mantendría con los distribuidores. Eso podría dificultar la entrada de importaciones a menores precios, por la imposibilidad de acceder a gran parte de la red de distribución ya establecida o que dificulte a los distribuidores bajar sus precios.
El análisis podría derivar en multas y/o recomendaciones de medidas gubernamentales pro-competitivas, ambas tendientes a lograr precios competitivos en los aceros no planos utilizados en la construcción y en otras actividades económicas.
Si al finalizar el proceso investigativo se detecta que hay una violación a la Ley de Defensa de la Competencia, la empresa podría ser multada por hasta el 30 por ciento de la facturación global de la compañía multiplicada por la cantidad de años en los que haya cometido ese ilícito.
Otra alternativa es una multa que equivalga al doble del beneficio presuntamente obtenido de forma ilícita, lo cual –según Greco- es complejo porque se trata de un análisis más contrafáctico.
Si ninguna de esas dos multas son posibles de aplicar por alguna cuestión excepcional, el Gobierno podría establecer «un valor explícito» de hasta 200 millones de «unidades móviles», las cuales tienen un precio de 20 pesos por unidad.
En ese último caso, la multa podría ascender a los 4.000 millones de pesos.