El gobierno español del socialista Pedro Sánchez admitió este viernes que no puede garantizar que sacará los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos antes de que se celebren las elecciones generales del 28 de abril, con lo que la emblemática medida podría ser postergada durante varios años.
«Si el gobierno tiene tiempo, procederá a hacer lo que ha sido su intención desde el principio», dijo la vocera del Ejecutivo, Isabel Celaá al ser consultada sobre si el Ejecutivo se comprometía a llevar a cabo la exhumación del dictador, durante la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros español celebrado en Madrid.
Tras la aprobación del decreto de exhumación, la familia de Franco, que se opone al traslado de sus restos y amenazó con llevarlos a la catedral de La Almudena, situada en pleno corazón de Madrid, ratificó que presentará un recurso ante el Tribunal Supremo para frenar el procedimiento.
El gobierno le dio a los nietos del dictador un plazo de 15 días – que expira el 12 de marzo -para que decidan un lugar de inhumación alternativo a La Almudena, por razones de «orden público y seguridad».
Si no hay novedades y el Tribunal Supremo no acepta tomar medidas cautelares, entonces el Ejecutivo socialista actuará rápidamente y procederá a la exhumación.
Pero si se paraliza el proceso, la celebración de los comicios anticipados abre la puerta a que los restos de Franco permanezcan en el Valle de los Caídos durante cuatro años más, ante la posibilidad de que la derecha releve a los socialista en el poder con el respaldo del partido ultraderechista Vox, que se opone frontalmente a la exhumación del dictador.
Tras llegar al poder, Sánchez anunció que sacaría los restos de Franco del Valle de los Caídos, un monumento fascismo que fue construido por el propio dictador, quien yace allí junto a miles de sus víctimas desde su muerte en 1975.
Con esa decisión, el líder socialista se propuso dar cumplimento a la Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007 por José Luis Rodriguez Zapatero, que prohíbe la exaltación de la figura del dictador.
Sin embargo, este paso histórico para la recuperación de la memoria histórica democrática de España sigue encontrando fuertes resistencias.
Además de la familia del dictador, nostálgicos del franquismo y simpatizantes de la ultraderecha presentaron recursos administrativos para frenar la exhumación, mientras el prior de la abadía de Santa Cruz del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, quien de joven fue candidato de la Falange Española, dijo que no permitiría el traslado de los restos.
Ante la negativa del prior, el Ejecutivo socialista exhibió esta semana una carta del Vaticano con la que quiso mostrar que contaba con su respaldo para la exhumación y que, incluso, las máximas autoridades de la Iglesia católica forzarían a la comunidad benedictina de la abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos a permitir el traslado de sus restos.
Sin embargo, la misiva también señalaba que la Santa Sede no quiere intervenir en una cuestión que está en manos del Tribunal Supremo, un párrafo que el gobierno ocultó y que hoy filtró la prensa española.
«Si la Iglesia se sometiera a los deseos del prior, tendría un daño reputacional de magnitud significativa», advirtió Celaá, para luego insistir en que «la cúpula eclesiástica conoce la facultad del poder civil» para poder hacer la exhumación. El pior, no obstante, insistió en que responderá al requerimiento del Supremo pero no del gobierno.
«Hemos llegado al final» del proceso, que ha sido «largo» pero «garantista», dijo la vocera del Ejecutivo socialista, intentando trasmitir que el gobierno hizo todo lo que estaba en sus manos.
«Ojalá las víctimas del dictador hubieran tenido las mismas garantías que la familia de Franco», aseguró Celaá, dejando en duda si se concretará la exhumación.