La medida de gracia es rechazada por el 53% de la ciudadanía española, según un sondeo reciente
El gobierno español aprobó indultar a los nueve líderes separatistas catalanes encarcelados por el intento de secesión de 2017 en busca de «restablecer la convivencia» en Cataluña y en España e iniciar una «nueva etapa» que ponga fin al enfrentamiento, anunció el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez.
«Con esta acción queremos abrir una nueva etapa de diálogo, de reencuentro, y cerrar de una vez por todas la división y el enfrentamiento», dijo Sánchez en una breve comparecencia en el Palacio de la Moncloa, la sede del Gobierno, minutos después de que su gabinete aprobara los indultos.
El mandatario dijo que los polémicos indultos, rechazados por la oposición de derecha, son parciales, conmutan las penas de prisión de los condenados pero mantienen las penas de inhabilitación y quedan condicionados a que los beneficiados no cometan un delito grave.
«Esta medida de gracia no exige que los beneficiados por ella deban cambiar sus ideas. De hecho, estas personas no fueron sancionadas por sus ideas, sino por sus actos contrarios a la legalidad democrática», prosiguió. «Encontraremos dificultades en el camino, pero creo que merece mucho la pena intentarlo», agregó, informó la agencia de noticias DPA.
Los nueve indultados, entre ellos varios ex miembros del gobierno regional catalán de Carles Puigdemont, la ex presidenta del Parlamento regional y líderes de asociaciones separatistas, fueron condenados en octubre de 2019 a penas de cárcel de entre nueve y 13 años por su participación en el fallido intento de independizar a Cataluña de España.
La decisión debe cumplir todavía unos pasos administrativos, pero debería hacerse efectiva rápidamente, según la prensa. Los 7,7 millones de habitantes de Cataluña siguen profundamente divididos sobre el tema de la independencia.
El intento de secesión de 2017 constituyó una de las peores crisis políticas en España desde el fin de la dictadura de Francisco Franco en 1975, y todavía condiciona la política nacional. Pese a la prohibición de la Justicia, el Gobierno catalán presidido entonces por Puigdemont organizó el 1 de octubre de 2017 un referéndum de autodeterminación, marcado por escenas de violencia policial.
El 27 de ese mes, el Parlamento catalán declaró unilateralmente la independencia, a lo que el gobierno español conservador de entonces respondió destituyendo al ejecutivo catalán y poniendo bajo tutela a la región. Perseguidos por la justicia, los dirigentes secesionistas huyeron de España, como Puigdemont, o fueron detenidos, como el entonces vicepresidente catalán y líder de Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), Oriol Junqueras.
De todas maneras, estos perdones no satisfacen a los independentistas, en el poder en Cataluña, quienes exigen una amnistía, un extremo que implicaría borrar los delitos cometidos, y la celebración de un referéndum de autodeterminación, posibilidades descartadas por Madrid. «Los indultos no dan solución a la causa general», dijo ayer el presidente catalán, Pere Aragonés, también de ERC.
En un contexto en que España respira por la caída de los contagios al avanzar la vacunación anticovid y con la próxima cita electoral nacional en dos años, Sánchez pretende retomar en breve la mesa de diálogo con el ejecutivo catalán, paralizada en febrero de 2020 por la pandemia.
La derecha, que sacó en Madrid el 13 de junio a decenas de miles de personas contra los indultos, acusa a Sánchez de buscar mantenerse en el poder, ya que su gobierno minoritario precisa del apoyo de parte de los independentistas en el Congreso.
Pablo Casado, líder del principal partido de la oposición, el Partido Popular, de derecha, anunció que su fuerza política recurrirá los indultos ante el Tribunal Supremo, que ya se manifestó contra ellos. Los líderes de los partidos liberal Ciudadanos y de extrema derecha Vox también anunciaron hoy su intención de presentar recursos contra la decisión del Gobierno.
La medida de gracia es rechazada por el 53% de la ciudadanía española, según un sondeo reciente, que por el contrario mostró que un 68% de los catalanes la aprueba.