El Gobierno nacional presentó hoy una denuncia penal contra diputados del kirchnerismo y la izquierda por los delitos de «atentado agravado de funcionario público, resistencia o desobediencia, y encubrimiento» en el contexto de la sesión de la Cámara baja del pasado 14 de diciembre, en la que se frustró el debate de la reforma previsional.
Según informaron fuentes judiciales, la denuncia fue presentada por el subsecretario de Articulación con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad, Guillermo Soares Gache, y recayó en el juzgado de María Romilda Servini.
Entre los denunciados por el Poder Ejecutivo están los kirchneristas Leopoldo Moreau, Mayra Mendoza, Horacio Pietragalla, Andres Larroque, Daniel Filmus, Axel Kicillof, Marcos Cleri y Gabriel Mariotto y los diputados de la izquierda Myriam Bregman y Nicolás del Caño.
La presentación contra los diputados hace referencia a los hechos violentos registrados en las puertas del Congreso ese día, los cuales motivaron que dentro del recinto los legisladores pidieran el levantamiento de la sesión.
Cambiemos debió levantar la sesión especial convocada ese día para debatir la reforma previsional debido al nivel de violencia dentro del recinto de sesiones, cuando los opositores lograron interrumpir a los gritos la deliberación con el argumento de que no se había llegado al quórum reglamentario.
La denuncia presentada hoy acusa a los legisladores del Frente para la Victoria y de la izquierda de haber obstaculizado el accionar de la Gendarmería, apostada en las puertas del Congreso de la Nación, y de permitir el ingreso al edificio de manifestantes con el objetivo de impedir que sesionara la Cámara.
En respuesta a la denuncia del Gobierno, Agustín Rossi -jefe de la bancada de diputados del Frente para la Victoria- rechazó los términos de la presentación penal, a través de su cuenta de Twitter.
«El Gobierno denuncia penalmente a diputados por los hechos del 14 de diciembre, cuando, en verdad, lo que sucedió es que 7 diputados, de distintos bloques, sufrieron heridas por la represión de las fuerzas de seguridad», indicó Rossi.
Además, recordó que «la represión del 14 fue la más brutal desde el regreso de la democracia frente al Congreso» y señaló que «duró más de 10 horas» y la Gendarmería «se quedó sin cartuchos de goma, hubo 7 diputados heridos y más de 45 detenidos».
Según Rossi, «es la primera vez, desde que recuperamos la democracia, que un Gobierno denuncia penalmente a diputados opositores».
«Como presidente del bloque del FPV-PJ le solicitó al presidente Macri, que ordene retirar la denuncia, en beneficio de la democracia, la Independencia de poderes y la República. No hay democracia sin oposición política y sin que está pueda ser ejercida libremente», sostuvo.
También Nicolás del Caño -desde su cuenta en Twitter- rechazó la denuncia, al señalar: «el gobierno de Mauricio Macri nos acusa por el terrible delito de ponernos delante de los gendarmes armados hasta los dientes y por la herejía de pedir que se levante la sesión del robo a los jubilados».
Una denuncia similar había sido presentada el 15 de diciembre por diputados nacionales de Cambiemos, encabezados por Elisa Carrió y Nicolás Massot, contra sus pares opositores, pero por el accionar que tuvieron algunos legisladores en la frustrada sesión del jueves 14 de la Cámara baja, en la que no se pudo debatir el proyecto de ley de reforma previsional.
Esa denuncia de los diputados de Cambiemos tenía como objetivo «determinar posibles responsabilidades penales derivadas de los hechos ocurridos, que podrían implicar la comisión de los delitos tipificados en los artículos 211 y 241 del Código Penal de la Nación».
«En el recinto se vivieron hechos violentos llevados a cabo por diputados nacionales con el solo fin de impedir que se llegue a alcanzar el quórum para dar inicio a la sesión y así obstaculizar el normal funcionamiento del Cuerpo», precisaron los diputados en aquellas denuncia.
El diputado Moreau, por su parte, aseguró que la denuncia penal presentada por el Gobierno tiene una «gravedad institucional» que demuestra que en el país «se ha instalado un régimen que persigue a opositores».
«Esto es gravísimo, pero no para nosotros como personas, sino en términos institucionales. Es evidente que el Gobierno quiere limitar, coartar la representación política popular», opinó Moreau y afirmó que la actuación de los legisladores evitó que ocurriera una «tragedia» durante esa jornada ante fuerzas de seguridad «absolutamente desquiciadas» comandadas por un Ministerio de Seguridad «sospechado, entre otras cosas, de haber provocado las muertes de dos chicos», en alusión a Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.
El dirigente de origen radical consideró además que existe «un inédito nivel de persecución política», desde el regreso de la democracia, e insistió que con su denuncia el Ejecutivo «está confirmando la sospecha de quiere ir hacia una estado de excepción».