La administración de Donald Trump se carga con una nueva media contra el medio ambiente. La lista de decisiones políticas alertan a los medios de comunicación y grupos ecologistas que aseguran superar ampliamente el centenar de denuncias desde 2017.
Una de las polémicas más destacadas y actuales es la decisión publicada el pasado mes de junio por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos por la que se vuelve a autorizar el uso, aunque limitado, de los dispositivos M-44 para el control de la fauna silvestre.
Los dispositivos M-44 o M-44s están diseñados para atraen a animales como coyotes o zorros mediante un cebo (que desprende olor a alimentos) y proyectar sobre ellos dosis mortales de substancias tóxicas como el cianuro, motivo por el cual son conocidos también como bombas de cianuro.
Estos dispositivos se utilizan en muchos casos a petición de propietarios forestales, cazadores y agricultores que sienten perjudicados por la presencia de depredadores.
Oficialmente, los M-44 sólo pueden ser utilizados por personal especializado y su situación debe estar claramente señalizada para evitar incidentes en personas.
Los datos oficiales del Servicio de Vida Salvaje de Estados Unidos, los dispositivos M-44 instalados por la administración en diversos programas de control de la fauna provocaron en 2018 la muerte de 6.579 animales, en su mayoría coyotes y zorros.
En 2017 la cifra se elevó a 13.232 animales, más de 200 de los cuales fueron animales no objetivo, incluidos mapaches, zarigüeyas e incluso un oso.
Las entidades conservacionistas especializadas en este ámbito consideran que la cifra real de muertes provocadas por las bombas de cianuro podrían ser muy superiores a las reconocidas oficialmente.
Los mecanismo de difusión de veneno tipo M-44 han provocado en los últimos años también algunos accidentes con personas, con varios heridos por manipulación accidental, por ejemplo de niños.
El uso de las bombas de cianuro fue suspendido parcialmente en buena parte de Estados Unidos hace dos años después de varias demandas presentadas por entidades conservacionistas, entre las que destaca el Center for Biological Diversity (CBD), que cuenta con más de 1,4 millones de asociados.
La EPA ha revisado esta prohibición introduciendo en el nuevo permiso algunas restricciones, como la limitación de situar este tipo de dispositivos cerca de caminos o zonas habitadas.
El CBD considera que la decisión de la EPA no evita que las bombas de cianuro sigan siendo dispositivos peligrosos para la vida silvestre en general, puesto que pueden provoca la muerte a todo tipo de animales, e incluso para las personas.