El lunes pasado, Ricardo López Murphy cuestionó la cifra de los 30 mil desaparecidos en la última dictadura militar
La reaparición de expresiones negacionistas del Terrorismo de Estado en el arranque de la campaña electoral abrió otra vez el debate sobre las motivaciones por las que precandidatos que compiten en las urnas emiten dichos que contrastan con acuerdos sociales extendidos desde la recuperación de la democracia, como los valores de Memoria, Verdad y Justicia, o el número de los 30 mil desaparecidos.
Luego de que el precandidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio Ricardo López Murphy negara la cifra de los 30 mil desaparecidos, intelectuales y analistas en opinión pública coincidieron en que ese tipo de manifestaciones busca «réditos políticos en proyectos que captan sin tapujos un núcleo duro y consolidan votos que suman a las expresiones más moderadas del mismo espacio».
«Estos discursos reaccionarios cuestionan solapadamente la lucha de los organismos de derechos humanos, que identifican con sus opositores políticos y, por elevación, tienden entonces a desacreditarlos», evaluó por caso el politólogo Pablo Vázquez en diálogo con Télam.
También la asesora presidencial y socióloga Dora Barrancos, desde un enfoque recostado en lo electoral, planteó que con los discursos negacionistas «algo se pesca de ahí» a la hora de buscar apoyos en las urnas, ya que ese tipo de posiciones públicas pretenden atraer «un electorado que busca resignificar el pasado, justificando e intentando resignificar» la memoria social de la dictadura cívico-militar.
«Este agitar (de posturas que contradicen consensos en materia de Derechos Humanos) tiene que ver con buscar a una parte de ese electorado, al que se quiere atraer, y ahí aparece un intento de justificación de lo injustificable», remarcó Barrancos.
En sentido similar se pronunció el escritor y periodista Mempo Giardinelli, para quien la adopción de posturas negacionistas en el debate público está asociada a una estrategia de búsqueda de «rédito electoral» por parte de un determinado espacio político, que se dirige a «los sectores más retardatarios de la sociedad».
En diálogo con Télam, Giardinelli añadió que ese discurso cuasi-‘procesista’ «delata la pobreza conceptual de esta gente», al referirse no sólo a la frase de López Murphy sino también a manifestaciones como los tuits de la precandidata de JxC Sabrina Ajmechet, ligada a Patricia Bullrich, quien describió el secuestro y desaparición de los estudiantes de La Noche de los Lápices como «un operativo contra un grupo montonero».
El lunes pasado, López Murphy cuestionó la cifra de los 30 mil desaparecidos: «No creo en ese número, yo creo lo que dijeron Darío Lopérfido y Graciela Fernández Meijide», provocó el exfuncionario de la Alianza en una entrevista televisiva en la que incluso llegó a decir que «ese número (los 30 mil) se originó para llamar la atención de los europeos», y que fue «artificialmente inflado».
Las declaraciones del exministro de Economía, junto a otras expresiones negacionistas del Terrorismo de Estado realizadas por representantes de la oposición, derivaron el martes pasado en la presentación en el Senado de un proyecto de ley que promueve la penalización de este tipo de posiciones públicas.
Sobre las manifestaciones que niegan o relativizan los crímenes imprescriptibles del Terrorismo de Estado, Vázquez consideró que esos dichos se pronuncian «por oposición del proyecto político» del adversario, ya que quienes las profieren «buscan generar una reacción en contra de la identificación que pueden tener partidos como el Frente de Todos o el kirchnerismo con la lucha por los derechos humanos».
«No importa lo que se dice porque no hay penalidad. Este efecto es impulsado además por las redes (sociales), donde se puede decir cualquier cosa con tal de ser tendencia. En lo político, y en campaña, esto busca ser replicado por un referente, en este caso López Murphy, y reproducido en un medio tradicional como puede ser la televisión», describió el politólogo.
«El negacionismo del Terrorismo de Estado patentiza lo reaccionario, y (los dirigentes que lo promueven) lo hacen en plena campaña porque, si bien ese discurso capta un ala dura, esos votos se sumarán luego a las alas más moderadas que en Juntos por el Cambio tienen su expresión en María Eugenia Vidal y en Horacio Rodríguez Larreta», agregó Vázquez.
Y para completar el análisis, concluyó: «Lo cierto es que a la hora de contabilizar los votos todos van al mismo lado», puntualizó y aseguró que a esos sectores políticos les «reditúa cuestionar a los 30 mil (desaparecidos) porque eso implica cuestionar la labor que, por ejemplo, tuvieron en su momento el expresidente Raúl Alfonsín y, desde hace unos años, el kirchnerismo».
Por su parte, Barrancos, doctora en Historia e investigadora del Conicet, sostuvo que con la ola de declaraciones que buscan confrontar con el discurso de los organismos de Derechos Humanos «las derechas están trayendo a superficie una convocatoria a la reinterpretación del pasado, para concluir en que ‘la dictadura no fue tan feroz'».
«En la discusión de los 30 mil están discutiendo una recalificación del pasado dictatorial. En campaña lo hacen porque hay una parte de la población argentina que va en el mismo sentido», advirtió e indicó que, si bien «no todos se animan a expresar» ese tipo de posturas, muchos lo hacen «en búsqueda de un electorado con afinidad hacia esos repertorios».
Más allá de las indagaciones intelectuales sobre el resurgido negacionismo, la sucesión de declaraciones que relativizan o justifican la dictadura cívico-militar llevó a que el senador nacional Alfredo Luenzo (Chubut somos Todos) presentara el martes pasado un proyecto que establece sanciones penales a quienes tengan conductas negacionistas y/o apologistas del genocidio y de crímenes de lesa humanidad.
La iniciativa lleva la firma de Luenzo y ya fue girada a la Comisión de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara Alta, que encabeza el senador Oscar Parrilli (Frente de Todos-Neuquén).
Sobre la propuesta de fijar penas a ese tipo de manifestaciones, Giardinelli subrayó que «así como ahora parece moda política practicar el negacionismo en boca de resentidos y autoritarios», el Estado «debiera estar atento por si se pasan de la raya de al democracia y la paz, para, en tales casos, denunciarlos por apología de la violencia».
El proyecto de ley en cuestión, caratulado como «Sanción penal a conductas negacionistas y/o apologistas de genocidio y crímenes de lesa humanidad», modifica el artículo 213 del Código Penal para reprimir «con prisión de un mes a un año el que hiciere públicamente y por cualquier medio la apología de un delito o de un condenado por delito».
Además, la iniciativa propone reprimir con «prisión de tres meses a dos años o multa equivalente a uno y hasta cien salarios mínimos, vital y móvil» al que públicamente «negara, minimizara, justificara o reivindicara la comisión de los delitos de genocidio, de lesa humanidad o crímenes de guerra contemplados en los artículos 6, 7 y 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y en los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional».
El proyecto prevé, también, que el carácter de funcionario público sea considerado agravante del delito e incluso establece la «destitución definitiva e inhabilitación especial para ocupar cargos públicos por el doble de tiempo de la condena».
En sus fundamentos, la propuesta señala que tiene por objeto castigar a quienes nieguen genocidios o crímenes de lesa humanidad incluyendo, obviamente, los cometidos durante la última dictadura cívico-militar.
«Son comportamientos y discursos que niegan determinadas realidades y hechos históricos relevantes, percibidos por la mayor parte de la sociedad como hechos de máxima injusticia», destaca la iniciativa.