Por Diego Añaños
Como decíamos la semana pasada, el capitalismo atraviesa hoy una de las tres peores crisis de su historia y, como suele suceder, los Estados de todo el mundo son interpelados por sus ciudadanos. Incluso desde el mundo empresario se reclama que se tomen medidas tendientes a resolver, tanto la crisis sanitaria como la crisis económica que ya se hace sentir a través del mundo. Sin embargo, no todos parecen estar dispuestos a pagar los costos, especialmente cuando de lo que se trata es de discutir la más sagrada de las instituciones del sistema capitalista: la propiedad privada.
El gobierno nacional viene tomando medidas tendientes, por un lado, a evitar la propagación de la crisis sanitaria, y por otro, a amortiguar los efectos recesivos que implican las medidas de distanciamiento social. Mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia publicado el jueves 1° de abril, el gobierno prohibió las suspensiones de trabajadores “por fuerza mayor” o por “disminución del trabajo” por un plazo de 60 días a partir de la publicación del mismo en el Boletín Oficial. También a través de un reciente decreto, se creó Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, destinado a empresarios y trabajadores de los sectores más afectados por el parate económico. En el mismo se estipula la postergación y hasta un 95% de reducción de las contribuciones al Sistema Integrado Previsional Argentino. La medida está restringida a empresas que no superen los 60 trabajadores contratados (las más grandes deberán aplicar el Procedimiento Preventivo de Crisis). También incluye una Asignación Compensatoria del Salario para todos los trabajadores de empresas de hasta 100 empleados, y una asistencia por emergencia sanitaria para trabajadores del sector privada que trabajen en empresas de más de 100 empleados. Podrán acceder aquellas empresas cuyas actividades se vean afectadas en forma crítica en la zona donde se desarrollan, aquellas que tengan una cantidad importante de trabajadores infectados por el coronavirus, o que estén en aislamiento obligatorio y aquellas que muestren una reducción sustancial de sus ventas a partir del 20 de marzo.
Paralelamente, el ministro Ginés González García se reunió con los representantes del sector privado de la salud, que incluye a las prepagas y a las obras sociales. Durante el encuentro, se acordó la puesta en funcionamiento de una mesa de coordinación, cuyo objetivo es establecer un programa de trabajo conjunto, que incluya tanto al Estado como a los privados, orientado a crear un frente monolítico para enfrentar la pandemia del covid-19. La mesa de trabajo se propone hacer circular información sobre la evolución clínica de los casos, así como el avance vinculado a los tratamientos. Sin embargo, el foco principal de la tarea se centrará en la coordinación de la gestión de las camas de terapia que están disponibles en el sistema de salud, independientemente de si pertenecen al sector privado o al sector público.
Hoy nos sentimos todos vulnerables, y tenemos miedo, porque pensamos que estamos ante una emergencia. En realidad vivimos en estado de emergencia desde hace años. Hoy, a casi dos meses de iniciada la pandemia, los muertos por coronavirus son alrededor de 64.000, es decir, un poco menos de los chicos que mueren por falta de alimentos en el mundo en una semana. La diferencia es que hoy le puede tocar a cualquiera. Es esa cercanía la que nos espanta.
Cuando los sucesos ocurren en un espacio aparentemente lejano, no nos preocupan tanto. Es necesario que comencemos a tomar conciencia. Tal vez los que hoy salen a batir sus cacerolas para que los políticos bajen sus sueldos, algo tangible, cercano, no puedan notar que el verdadero problema son los sueldos de algunos empresarios (que ningún empresario honesto se haga el ofendido, todos sabemos de quiénes hablamos). Un simple cálculo nos puede demostrar que el gasto político es insignificante si se lo compara con la inmensa porción del trabajo de los empleados que se llevan los empresarios inescrupulosos.
La convocatoria del ministro de Ginés Gonzáles García puso en vilo a todo el sistema de salud privado. Se especulaba con que el gobierno avanzaba en la redacción de un decreto que declarara de interés público a todos los servicios de salud. La respuesta corporativa fue inmediata, y las empresas lograron bajarle el tono a la propuesta del gobierno. Una vez más, el valor de la propiedad privada consigue ubicarse por encima del interés colectivo. Sin embargo, hay señales en el mundo que nos abren una luz de esperanza. El gobernador del Estado de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció que enviará a la Guardia Nacional a recoger, y luego distribuir, los respiradores y materiales médicos sin uso en poder de las empresas privadas. “No voy a dejar que se muera la gente teniendo cientos de respiradores en el estado”, sostuvo Cuomo luego de anunciar el viernes el fallecimiento de 562 personas a causa del Coronavirus. También hizo un llamamiento a las empresas del país a redoblar esfuerzos y dedicarse a la fabricación de mascarillas, batas de hospital y materiales de protección del rostro. Tal vez sólo sea una hecho pequeño y aislado, es posible. Roguemos que sea una señal de un cambio de época.