El juez Javier Anzoátegui, encargado de conducir el juicio oral y público por la muerte de la periodista Débora Pérez Volpin, tendrá un plazo de 20 días hábiles para presentar pruebas, proponer testigos, realizar un descargo por escrito y designar un defensor en el marco del expediente que se tramita en su contra por presunto “mal desempeño de sus funciones”, en el Consejo de la Magistratura.
Así lo resolvió este martes en forma unánime la Comisión de Disciplina y Acusación a instancias de una propuesta presentada por el consejero instructor del expediente, el juez federal Juan Manuel Culotta, en una reunión celebrada esta tarde en el segundo piso de la sede del cuerpo, ubicada en la calle Libertad al 700 del centro porteño.
Allí, se decidió notificar por el artículo 11 del reglamento de la comisión al juez Javier Anzoátegui, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 8 de la Capital Federal, a fin de que pueda ejercer su defensa, designar defensor y ofrecer pruebas en un plazo de 20 días hábiles.
De esta forma, se dio un nuevo paso en el trámite de la denuncia presentada contra el magistrado por la familia de la periodista fallecida el 6 de febrero de 2018, cuando se le practicaba una endoscopía en el sanatorio de La Trinidad del barrio porteño de Palermo.
Por ese hecho, serán juzgados en un debate oral y público que debe conducir el juez Anzoátegui el endoscopista Diego Bialolenkier y la anestesista Nélida Inés Puente, y cuyo inicio está actualmente fijado para el lunes 22 de julio, a las 9.30, primera jornada de la feria judicial de invierno.
La denuncia por presunto mal desempeño de sus funciones, motorizada por la familia a fines de junio, cuenta también con el apoyo del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, y decenas de periodistas y legisladores.