Emmanuel Canneli, referente de Inquilinos Rosario, dijo: "Esperamos que se rechace el DNU y después veremos qué hacer con los contratos ya firmados por fuera"
El mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) anunciado por el presidente Javier Milei al inicio de su gobierno ha generado gran preocupación entre los inquilinos argentinos, pero su futuro podría estar en manos del Congreso, que ha comenzado a debatirlo en comisión bicameral el último jueves.
El DNU 70/2023, que abarca diversos aspectos de la vida cotidiana, incluidos los alquileres, enfrenta la posibilidad de ser rechazado por ambas cámaras del Congreso, lo que revertiría su impacto en el país.
Desde las agrupaciones de inquilinos a nivel nacional, se anticipa que, en caso de caer el DNU, volvería a regir la última modificación en la Ley de Alquileres. Esta ley contempla contratos de tres años de duración y actualizaciones semestrales ajustadas al índice Casa Propia.
Emmanuel Canneli, de Inquilinos Rosario, analizó el posible escenario posterior a la caída del DNU: «Vuelve a tener vigencia la última modificación, que propone contratos de tres años y ajustes semestrales atados a Casa Propia».
Sin embargo, surge la incertidumbre sobre el futuro de los inquilinos que firmaron contratos fuera de la Ley durante la vigencia del DNU. Canneli explicó en diálogo con Radio Sí: «Esperamos que se rechace el DNU y después veremos qué hacer con los contratos ya firmados por fuera».
Este contexto permitió que los propietarios e inmobiliarias elaboren contratos sin restricciones, estableciendo períodos de actualización y ajustes basados en criterios propios y la inflación.
En cuanto al tratamiento del DNU en el Congreso, Cannelli adelantó: «Venimos manteniendo contacto con diputados y senadores. Lo que nos adelantan es que si algo faltaba para que se cayera el DNU son las manifestaciones del presidente que generan incomodidad en los sectores dialoguistas».
El futuro de los inquilinos argentinos y la regulación de los alquileres dependen ahora de la decisión del Congreso, que deberá evaluar el impacto y las consecuencias del mega DNU para millones de ciudadanos en todo el país.