El comité de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, pidió este viernes que el ex presidente Lula da Silva pueda participar en la campaña electoral de Brasil hasta que haya una decisión judicial definitiva.
En su parecer, el comité exige al Estado brasileño la adopción de todas las medidas necesarias para asegurar que Lula «ejerza todos sus derechos políticos mientras esté en prisión, en calidad de candidato a las elecciones presidenciales de 2018», que celebran el primer turno el 7 de octubre.
También pidió que Lula tenga acceso adecuado a la prensa y a todos los miembros de su partido político, el Partido de los Trabajadores (PT), y «que el Estado-parte no le impida concurrir a las elecciones presidenciales hasta que todos los recursos planteados contra la sentencia condenatoria sean juzgados en procesos judiciales justos». La decisión es una respuesta a un requerimiento que los abogados del líder de la izquierda brasileña plantearon a finales de julio.
Rápidamente, la defensa del ex presidente recordó que Brasil, como signatario de diversos pactos internacionales, incorporó a su ordenamiento jurídico los protocolos del comité de la ONU, por lo que la decisión de este organismo es de obligado cumplimiento. «Ningún órgano del Estado brasileño podrá poner ningún obstáculo para que el ex presidente Lula pueda concurrir a las elecciones», celebraron en un comunicado.
Los ‘obstáculos’, de momento, ya se fueron acumulando. El miércoles, el partido registró a Lula como candidato oficial ante el Tribunal Superior Electoral junto a miles de simpatizantes en Brasilia, pero la tranquilidad apenas duró un par de horas. Enseguida, la procuradora general de la República, Raquel Dodge, presentó el primer recurso contra su candidatura, recordando a los jueces del TSE que Lula carga con una condena en segunda instancia (12 años y un mes de cárcel), algo que según la ley brasileña de la Ficha Limpia automáticamente lo descarta como candidato.
Después del recurso de la fiscal general llegaron otros cinco, de candidatos rivales y de agrupaciones de la sociedad civil.
El TSE tiene hasta el 17 de septiembre para decidir si Lula puede o no ser candidato, pero se espera que la decisión no tarde en llegar. Cuando el TSE diga que Lula no puede presentarse a los comicios sus abogados empezarán una guerra de recursos en instancias superiores.
Mientras tanto, teóricamente Lula podrá participar en la campaña, aunque sea desde la cárcel. Lo que contempla la ONU refuerza lo que sus abogados llevan pidiendo a la Justicia desde hace semanas; que Lula pueda grabar vídeos electorales desde su celda o incluso participar por Skype en los debates de televisión con el resto de candidatos