Por Diego Añaños
En un artículo que se publica en La Nación del lunes, Joaquín Morales Solá sostiene que la cuarentena obligatoria impuesta por el gobierno nacional entra en conflicto con la libertad. Hasta el momento, el periodismo opositor se había concentrado en la tensión que se generaba entre la necesidad de respetar el distanciamiento social y el nivel de la actividad económica. Claro, cuando las empresas permanecen cerradas, o trabajando con regímenes restringidos, la economía se frena. No había que ser un especialista para anticipar los efectos recesivos de la cuarentena. Pero claro, estaba muy claro que aquellos países que habían decidido evitar el aislamiento social, habían sufrido consecuencias nefastas, por lo cual la decisión del gobierno nacional era indiscutible. Luego, montados sobre el malestar popular, producto de los efectos negativos del parate, los operadores mediáticos volvieron sobre sus pasos y comenzaron a criticar la extensión en el tiempo de la medida. Incluso consiguieron que un juez de la Corte Suprema de Justicia se expresara en ese sentido. No funcionó. El gobierno nacional parece tener muy claro que no va a tomar riesgos sanitarios. Entonces, Joaquín, parece haber resucitado otro viejo argumento del conservadurismo vernáculo (aclaro, acá liberales hay muy pocos): la cuarentena entra en conflicto con la libertad. Una libertad que se ve mancillada, también, por la imposibilidad de comprar dólares sin límites, por ejemplo.
Existen básicamente dos ideas de la libertad. La libertad liberal, que sostiene que soy libre si no tengo impedimentos, y la libertad griega, que sostenía que soy libre en tanto pertenezco a una comunidad libre. La primera se construye sobre una idea de libertad individual, la segunda sobre una idea de libertad colectiva. Si pensamos en términos de libertad liberal, Morales Solá tiene razón, al menos en parte. Digo en parte porque en realidad, si profundizamos una poco más la reflexión, lo que colisiona con la libertad es precisamente la vida en sociedad. El hecho de vivir con otros, hace que nuestra libertad se vea restringida. En síntesis, Joaquín no descubre nada, pero no se da cuenta de lo que descubrió.
Paralelamente, durante la semana se dio a conocer un duro documento firmado por 300 intelectuales, periodistas y científicos (la mayor parte de ellos, ilustres desconocidos, es justo decirlo), en oposición a las medidas tomadas por el gobierno nacional para hacer frente a la crisis sanitaria. Los firmantes inauguran una nueva categoría, la de infectadura, algo así como la dictadura que deviene del programa de aislamiento social, para calificar la coyuntura actual por la que atraviesa el país. El texto es una larga enumeración de las consecuencias (previsibles, por otro lado) de las medidas dispuestas, junto a una acusación al gobierno por no atender a las mismas. Digamos, un documento que replica, con algo más de sofisticación las críticas que uno podría escuchar en la cola de la verdulería, y que son una muestra patente del malestar social. No hay, por otro lado, un solo argumento consistente. Sólo acusaciones y una advertencia: la Democracia está en peligro. Muy poco esfuerzo intelectual y mucho impacto. Las críticas serias y sólidas no encuentran eco en los medios masivos, como la de Roberto Gargarella. El jurista expresó que una decisión de este calibre, y apoyada en un DNU, no debería extenderse indefinidamente en el tiempo, sin la intervención del Congreso. A la vez, reconoció que las medidas probablemente sean las correctas, y encontrarían el apoyo de la oposición si se sometiera a consulta. Lamentablemente pasó desapercibido, y sólo la infectadura concitó la atención mediática.
La crisis está produciendo un fuerte sacudón en las instituciones, poniendo en evidencia las contradicciones intrínsecas que implica vivir en comunidad. Qué derecho debemos privilegiar, la libertad o la salud, la propiedad o la actividad económica? Digamos, la colisión entre dos derechos es algo más común de lo que se cree. Cuando se produce una situación de ese tipo, existe un solo valor que se impone por sobre el derecho a la propiedad, el derecho a la circulación o el derecho al trabajo: y es el bien común. Digamos, cada uno de los derechos inalienables, se encuentran regulados por las normas que reglamentan su ejercicio, por lo cual, en realidad, ninguno de ellos es absoluto. Por eso, en casos como el que nos ocupa, es el bien común el que define. Pero claro, el bien común no es un absoluto, sino que es interpretable. Precisamente esa capacidad de interpretar qué es lo que garantiza el bien común, es uno de los atributos del poder. Y el poder se ejerce. Así como Donald Trump o Jair Bolsonaro interpretaron que el mejor modo de tutelar el bien común era seguir con la vida habitual, Alberto Fernández, en ejercicio del poder, interpreta que el bien común se garantiza tutelando la vida mediante las medidas de aislamiento social. Por lo tanto, el ejercicio de la libertad de trabajar y de producir deberá esperar, incluso a pesar de que Susana tenga miedo en que Argentina se transforme en Venezuela, o que Maximiliano Guerra crea que esto es comunismo.