Por Graciela Ocaña
El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al Covid-19 como una pandemia. El 12 de marzo del mismo año el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto 260/20 que amplió la emergencia sanitaria establecida en una ley general de emergencia (administrativa, financiera, etcétera) de 2019, Ley 27.541.
Este decreto va a ser un primer mal precedente de la gestión de la pandemia. Desde ese momento, el Poder Ejecutivo mantuvo sus políticas y las decisiones conexas bajo la modalidad de decretos de necesidad y urgencia. Pudiendo haber enviado al Congreso una Ley de Emergencia Sanitaria específica, no lo hizo.
La ley llega casi un año después, tarde e incompleta. Tampoco la ley fue el resultado de una decisión de la administración del presidente Alberto Fernández. Fue producto de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, por una demanda de la Ciudad de Buenos Aires contra el decreto donde se advierte al Poder Ejecutivo sobre el abuso y la irracionalidad de las medidas dictadas.
La carrera contra este coronavirus sigue, aún queda mucho trabajo por hacer. Han surgido desigualdades críticas que exigen cooperación mundial y acciones concertadas para responder a esta y otras amenazas sanitarias mundiales.
En este sentido, acompañamos las iniciativas de cooperación internacional y la liberalización de las patentes de las vacunas.
El gobierno nacional protege el monopolio de patentes, sin haberse pronunciado nunca por la liberalización, ni en los foros específicos como la Organización de la Propiedad Intelectual o en la ONU o la OMC.
La política sobre las vacunas ha pasado de un pensamiento faraónico («para toda la región») monopólico y mercantil para beneficiar la vacuna de Oxford/AstraZeneca y el laboratorio local mAbxience del grupo Insud a una política monopólica para la vacuna Sputnik de Rusia sin control y a cualquier costo, para terminar en una política de «cualquier vacuna me viene bien» y «si alguien consigue que la compre».
Al priorizar el negocio, el Gobierno subestimó la solución que preveía el sistema Covax de la OMS. Este sistema hasta el 1 de mayo de 2021 ha enviado a 121 países, algo más de 1.000 millones de dosis. La Argentina sólo participó parcialmente de la iniciativa por los obstáculos puestos a la vacuna de Pfizer en la administración de Fernández.
La Argentina lleva aplicadas algo más de 15 millones de dosis, mientras que otros países de la región, como Brasil, lleva aplicadas 66 millones de dosis; México, 33 millones; Canadá, 25 millones; Chile, 19 millones; y Uruguay, 3 millones, para citar algunos ejemplos.
Los errores de administración sanitaria, además de los escándalos de vacunatorios VIP y militantes, nos han llevado a superar los 4 millones de casos y los 85 mil fallecidos, ocupando un lugar entre los primeros diez países con las situaciones más críticas. Lo que es más grave aún, sin mirada estratégica, el Gobierno no contempla el informe de la OMS que anuncia que, en el mundo, además de las conocidas públicamente Pfizer/BioNtech, Moderna, Sinovac, Sinopharm, Sputnik, AstraZeneca y Janssen, existen otras 287 vacunas candidatas en laboratorios, de las cuales hay 102 en «fase clínica» y 185 en «fase preclínica» (OMS, 2021).
Estos desarrollos nos hacen pensar positivamente en un futuro próximo. La aceleración del desarrollo, la producción y la distribución de las vacunas contra el Covid-19 está en marcha, pero en el mundo de la cooperación y el multilateralismo no está en el mundo de la fantasía y los negociados.
Evitemos que visiones de corto plazo e improvisadas nos conduzcan, indefectiblemente, a nuevos fracasos.