Mucho hemos escuchado de la legalización del aborto en el último tiempo, con el debate en congreso y con opiniones divididas en el resto de la sociedad, pero cuál es la situación de países como España, Estados Unidos, Cuba, Venezuela, Colombia, Brasil, Chile y Uruguay con respecto a el aborto.
España
El aborto es legal en España, que desde el año 2010 habilita la posibilidad de interrupción voluntaria de embarazo para mujeres mayores de 18 años y que tengan hasta 14 semanas de gestación.
Fuera de ese marco, una legislación reciente del Partido Popular (PP) exigió el consentimiento de los padres en casos de menores de edad. Existen excepciones muy especificas para eximir de esa autorización, como así también para el caso de embarazos superiores a las 14 semanas.
Dentro del marco general, los servicios de aborto están incluidos de modo gratuito en las prestaciones del sistema de Seguridad Social. También existe la posibilidad de clínicas privadas -que deben estar debidamente autorizadas- donde el precio de una interrupción oscila entre los 350 y los 1700 euros, según el cuadro.
Estados Unidos
En Estados Unidos, el aborto se legalizó a través de un histórico fallo de 1973 de la Corte Suprema de Justicia, conocido por el nombre de la causa, Roe v. Wade. El máximo tribunal de la primera potencia global dictaminó en una votación 7-2. Hasta ese fallo, el aborto sólo era legal en cuatro estados -Alaska, Hawaii, New Yorky Washington-; permitido bajo ciertas condiciones en otros e ilegal en más de la mitad del país. La Corte decidió que el aborto era un derecho de la mujer amparado por la constitución.
Como la legalización del aborto llegó a través de un fallo de la Corte, no se trata de un tema cerrado. El máximo tribunal está dividido ideológicamente, pero si en algún llega a tener una mayoría conservadora, otro fallo puede revertir la decisión de Roe vs. Wade.
Cuba
En Cuba, el aborto («sacarse una barriga») no solo es libre y gratuito, también fue durante mucho tiempo uno de los principales métodos anticonceptivos de las cubanas. De hecho, todavía hoy persiste esta situación, criticada por las propias autoridades. «Tenemos chicas de 19 años con seis o siete abortos», develó a LA NACIÓN una médica que trabaja en un hospital habanero.
La revolución de los hermanos Castro consolidó y amplió la legislación proaborto (que data de 1936) convirtiéndolo en un servicio institucionalizado de salud. El Código Penal lo despenalizó oficialmente en 1987.
En el país caribeño se practica con total normalidad y se considera una de las conquistas de la mujer. Pero en los últimos tiempos han comenzado a surgir voces en contra, precisamente cuando Cuba se ha convertido en uno de los países más viejos del continente por culpa de la fuga de jóvenes al exterior y la baja natalidad.
En 2016 se practicaron 84.445 interrupciones de embarazo a mujeres y niñas entre 12 y 49 años, una tasa menor que en años precedentes.
Socialmente tampoco se castiga, favorecido por la poca influencia de las iglesias y la laicidad del Estado. Hasta dos meses de gestación se usan métodos farmacológicos y la «regulación» (por aspiración). Cuando se ha superado este tiempo y hasta las 12/13 semanas, la interrupción se realiza con un legrado.
Venezuela
La revolución bolivariana no se ha inspirado en la cubana para adaptar su legislación antiabortista. Todo lo contrario: tras 19 años de chavismo, el aborto sigue siendo un delito, penado con hasta dos años de cárcel para la mujer y hasta tres para el médico o encargado de practicarlo. En su última entrevista para una televisión española, Nicolás Maduro evitó abordarlo, al tratarse de un «tema delicado».
Varios colectivos feministas han intentado situar el debate en la palestra pública, sin ningún éxito. Los políticos no lo incluyen en sus programas ni tampoco la sociedad lo mira con benevolencia. Todo lo contrario: Venezuela rompe récords de embarazos adolescentes, impulsada por las subvenciones prometidas para las «barrigonas» tanto por Hugo Chávez como por Nicolás Maduro.
Naciones Unidas amonestó el año pasado a Caracas al comprobar sus altos índices de mortalidad entre jóvenes que abortaban de forma ilegal, uno de los más altos del continente. El derrumbe económico tampoco ayuda: la escasez de anticonceptivos, incluidos los preservativos, es cíclica en las farmacias del país.
Colombia
La religión pesa como una losa en Colombia, también en cuanto a la interrupción del embarazo, pese a los 300.000 abortos ilegales que se han llegado a practicar en un año. Fue necesaria una lucha que duró años, de colectivos y organizaciones feministas, para que la Corte Constitucional admitiera en 2006 tres excepciones para la ley antiaborto: peligro para la salud de la mujer, malformación del feto y en caso de violación.
Más allá de este avance legislativo, el aborto sigue siendo un tema tabú para la conservadora sociedad colombiana. Así se ha confirmado en los últimos días con lo ocurrido en la localidad cafetera de Pereira, donde grupos de fanáticos religiosos hostigaban a las mujeres que acudían a abortar legalmente. El alcalde Juan Pablo Gallo decidió intervenir prohibiendo la presencia de los manifestantes pro vida, una decisión aplaudida por medios de comunicación.
El aborto también fue un tema que escandalizó al país cuando a través de las denuncias de antiguas guerrilleras se supo que las FARC les ordenaba abortar, incluso en avanzado estado de gestación. Entre ellas niñas y adolescentes que sufrieron abusos sexuales de sus propios compañeros.
Brasil
La legislación en Brasil sólo autoriza el aborto en tres situaciones: cuando hay riesgo de muerte para la gestante, cuando el embarazo resulta de una violación y cuando el feto no tiene cerebro (anencéfalo). En estos tres casos, se les permite a las mujeres decidir si quieren abortar o no, y si optan por hacerlo deben realizar el procedimiento gratuito a través del sistema público de salud.
El Código Penal de 1984 prevé la pena de prisión de entre uno a tres años para la mujer que realice un aborto ilegal, y de tres a diez años para el médico que la asista. Sin embargo, en 2016, en un caso muy específico, la Corte Suprema falló que un aborto voluntario hasta los tres meses de gestación no es ilegal. Se calcula que cada año se hacen en Brasil un millón de abortos clandestinos, y unas 250.000 mujeres son internadas por complicaciones de intervenciones de este tipo; es la quinta mayor causa de mortalidad materna en el país.
Aunque en varias ocasiones desde el regreso de la democracia se ha planteado la convocatoria de un plebiscito para que la población debata un cambio a la legislación sobre el aborto (la propuesta más reciente fue en 2007, durante el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva), no se avanzó con la iniciativa en el Congreso. En la campaña presidencial de 2010 el tema volvió a surgir, con la candidata Marina Silva a favor de una consulta popular y la candidata Dilma Rousseff en contra.
Desde entonces, la bancada evangélica en el Congreso, aliada a sectores conservadores católicos, ha impulsado proyectos de enmienda de la Constitución, para que se cambie el principio de la dignidad de la persona humana y la garantía de inviolabilidad del derecho a la vida «desde la concepción» y no sólo «desde el nacimiento», como es actualmente.
Chile
Una de los compromisos de Michelle Bachelet para su segundo gobierno era darle a Chile una ley de aborto por primera vez en su historia. Haciendo énfasis en despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales (inviabilidad del feto, riesgo de vida de la madre y violación), logró que el Parlamento aprobara la iniciativa después de años de duro debate en una de las sociedades latinoamericanas más conservadoras y con mayor influencia del catolicismo.
La ley de aborto en tres causales fue promulgada el 14 de septiembre pasado y la derecha opositora llevó al Tribunal Constitucional la norma, para tratar de impugnarla. El tribunal pidió entonces reformular algunos reglamentos de la ley.
El más polémico es el protocolo de objeción de conciencia, en el que un médico puede negarse, por principios éticos, a realizar un aborto. La Universidad Católica, dueña de varias de las mejores clínicas y hospitales en Chile y formadora de buena parte de los especialistas, se ha opuesto incluso en la Justicia a esta cláusula, solicitando su impugnación. El rector Ignacio Sánchez defendió la decisión de estar siempre por la vida cuando tuvo que hablar frente al Papa Francisco en su visita de enero pasado a su universidad.
Ante la polémica, el Ministerio de Salud volvió a enviar a Contraloría este mes el reglamento, pero la ley de aborto en tres causales ya está en marcha y la primera interrupción legal del embarazo en Chile (antes las madres arriesgaban ir a prisión) se realizó en la isla de Chiloé el 5 de octubre pasado a una menor de 12 años de edad que había sido violada y tenía 12 semanas de gestación.
Hasta la fecha, son cuatro los procedimientos practicados bajo la nueva ley y miembros de los equipos que participaron en ellos, han sufrido amenazas y hostigamiento en redes sociales. El Colegio Médico de Chile ya realizó las denuncias respectivas. Mientras tanto, los ojos están puestos en el nuevo gobierno de Sebastián Piñera (asume el 11 de marzo), que no es partidario del aborto y nombró en el ministerio de la Mujer a Isabel Plá, quien fue una activa opositora a la nueva ley.
Uruguay
El aborto no está penalizado en Uruguay pero para que la mujer pueda practicarlo hay exigencias que impone la ley de 2012 que eliminó los castigos penales.
Ley de aborto: ¿cómo es el caso uruguayo?
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El aborto estaba penalizado por la Ley Nº 9.763 de enero de 1938 que sostenía que «la mujer que causare su aborto o lo consintiera» sería «castigada con prisión de tres a nueve meses».
Desde principios de este siglo hubo varios intentos para despenalizar el aborto por consentimiento de la mujer, e incluso en el primer gobierno del Frente Amplio se votó una ley para eso. Pero el presidente Tabaré Vázquez, contrario a esa norma, la vetó y el Legislativo no levantó esa observación.
Durante el gobierno de José Mujica el proyecto fue reimpulsado y terminó aprobándose en 2012, con la Ley Nº 18.987.
Esta norma dice que «la interrupción voluntaria del embarazo no será penalizada (.) para el caso que la mujer cumpla con los requisitos que se establecen en los artículos siguientes y se realice durante las primeras doce semanas de gravidez».
Esos requisitos son la participación del médico actuante y de un consejo integrado por un ginecólogo, otro del área de la salud psíquica y uno del área social.
Ese equipo interdisciplinario informa a la mujer de lo establecido en la ley, de las características de la interrupción del embarazo y de los riesgos inherentes a esta práctica. Esa fue una condición que los legisladores a favor del tema tuvieron que aceptar para conseguir el voto que faltaba para ser mayoría.
Los opositores a la ley impulsaron un recurso de referéndum para derogar la norma pero no consiguieron las voluntades suficientes, 25% del electorado, para someter el texto a votación popular.
Tanto la aprobación de la ley, como el fracaso del intento de derogación, fueron celebrados por activistas de derechos de la mujer. La ley fue votada como parte de una serie de normas de reconocimientos de derechos, que habilitaron matrimonio entre personas del mismo sexo, flexibilidad en adopción de niños y legalización del cultivo y venta de marihuana.
Mundo árabe
Túnez es el único en el mundo árabe y uno de los cuatro del continente africano donde la interrupción voluntaria del embarazo es legal durante los tres primeros meses de gestación sin tener que alegar motivo alguno, aunque en la práctica, ya sea por los recortes en sanidad o por la objeción de los encargados de realizar la operación, no todas las tunecinas disfrutan de ese derecho. En la mayoría de los otros países, el aborto solo es permitido en caso de que ponga en peligro la salud de la futura madre.
La despenalización del aborto fue introducido en Túnez por primera vez en 1965, si bien con una importante restricción: tan solo para las mujeres con cinco o más hijos. El objetivo del presidente Habib Bourguiba era reducir la elevada tasa de natalidad, al considerarla un freno al desarrollo del país.
Ante el magro impacto de la iniciativa, en 1973, el laicista Bourguiba decidió ampliar ese derecho por ley a todas las mujeres adultas hasta los tres primeros meses de gestación con una ley de plazos. Esta vez, sí consiguió el efecto esperado y la media cayó de siete hijos por mujer en los años sesenta a los 2,1 actuales. Por ello, el Estado ya ha perdido el celo de antaño en frenar el crecimiento demográfico.
Aunque no existe un consenso entre los clérigos musulmanes sobre la cuestión del aborto, más allá de su necesidad cuando está en peligro la salud de la mujer, las interpretaciones conservadoras lo consideran un pecado. Por eso, algunos médicos del sector público en Túnez se niegan a practicarlo, a pesar de que la ley no recoge la objeción de conciencia. Otras veces, ofrecen informaciones falsas a las mujeres para que desistan. Las asociaciones de mujeres tunecinas han denunciado la pasividad del Estado ante la dejación de sus obligaciones por parte de estos funcionarios, que a menudo ni se molestan en ocultar. En los centros privados, se puede abortar sin problemas.
Por: Alberto Armendáriz, Silvia Pisani, Nelson Fernández, Daniel Lozano, Rafael Mathus Ruiz, Federico Grunewald y Ricard González